Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Respeto al fuero sindical

Ordena el Tribunal de Cundinamarca 

Entre junio y septiembre de 2001, la empresa  Agrícola Benilda C.I. S.A. (antes La Celestina) despidió, en un vano intento por aniquilar Untraflores, a un grupo de trabajadores, entre ellos a Zoraida Murillo, Marlene Murillo y Gladys Beatriz García, con antigüedades de dos y diez años y contratos a término fijo por un año. A los patrones no les importó que todas tuvieran hojas de vida excelentes, sólo querían amedrentar a los demás obreros.

Por ese hecho, en noviembre de 2001, Untraflores  demandó a Agrícola Benilda. Se le otorgó poder a la doctora Esperanza Lozano para iniciar un proceso especial de fuero sindical, ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca. En resumen, el «fuero sindical» consiste en la garantía que tienen los fundadores y directivos de un sindicato de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo sin la previa autorización de un juez.

En la demanda se pidió el reintegro a la compañía y la indemnización, es decir, el pago de los salarios y prestaciones que las trabajadoras dejaran de ganar durante el tiempo que estuvieran cesantes.

Entre septiembre y octubre de 2002, el juez de Funza falló, en primera instancia, a favor de la empresa las tres demandas, pese a haberse comprobado que las trabajadoras estaban aforadas. El juez adujo que por encima de esta garantía estaba el hecho de que los contratos hubieran sido pactados con una fecha fija de vencimiento. En la sentencia señaló: «La existencia del fuero sindical no modifica la naturaleza, la duración, ni las estipulaciones del contrato de trabajo (...) No hubo despido. El contrato terminó, como lo expresó la demandada en su memorial de alegato, por la expiración del período fijo pactado» .

En vista de este fallo, se decidió apelar ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, el cual, resolvió favorablemente las tres apelaciones a fines del año pasado.

Los magistrados Javier Antonio Fernández Sierra y Julieta Chaparro de Rojas, acogiendo buena parte de nuestros argumentos, revocaron la sentencia del juez de Funza y condenaron a Agrícola Benilda a reintegrar a Zoraida, Marlene y Gladys al mismo cargo que desempeñaban y al pago de los salarios y prestaciones que dejaron de percibir desde el momento del despido y hasta el día en que regresaran a trabajar a la empresa, más los aumentos legales y convencionales que se hubiesen efectuado.

Sin embargo, luego de la decisión del Tribunal, y ante la imposibilidad de negarse abiertamente a acatar la decisión judicial, la empresa optó por simular su aceptación, pero en realidad no ha hecho sino burlarse de la orden dada por los jueces. Demostrando una vez más que para Benilda S.A.C.I. no existen Dios ni ley.

A pesar de haberles notificado a las compañeras que se presentaran a trabajar a partir del 10 de febrero, en esa misma fecha les ordenó que se fueran a sus casas durante varios días con el propósito de despedirlas por haber abandonado el trabajo. Como las trabajadoras, en cumplimiento de la orientación sindical, no cayeron en la trampa y se siguieron presentando y dejando constancia firmada por testigos de ese hecho, la empresa, el lunes 24 de febrero, volvió despedirlas con el cuento de que ya habían quedado sin el fuero reconocido por el fallo del Tribunal.

Benilda, a sabiendas de que son los jueces y no ella los que deciden quién está amparado por esa garantía, con este despido violó abiertamente una orden que ya es inapelable, y, por lo tanto, debería retractarse de tan arbitraria determinación. Si no lo hace, emprenderemos las acciones legales necesarias y estamos seguros de que nuevamente la justicia nos dará la razón. La empresa deberá no sólo reintegrar efectivamente a las compañeras, sino volver a pagarles los salarios que dejen de devengar mientras se mantengan cesantes, como tuvo que hacerlo en la ocasión anterior. Pero lo más importante es que los trabajadores deberemos continuar fortaleciendo nuestra organización lo cual, al final de cuentas, es lo único que nos permitirá detener tanto atropello. 

Por su gran importancia, citamos algunas partes del fallo del Tribunal: «La Constitución Política de 1991, elevó a rango constitucional la garantía del fuero sindical a los representantes de los sindicatos, sin hacer distinción alguna si se trataba de trabajadores privados, oficiales, o de empleados públicos, ni la forma de su vinculación». Señalan los magistrados que el Código Sustantivo del Trabajo «no relaciona la terminación del contrato de trabajo a término fijo como exenta de la obligación de requerir la previa calificación judicial».

Además, con  base en sentencias de la Corte Constitucional, agregan: «Se advierte que la jurisprudencia ha precisado que el fuero sindical es un mecanismo establecido primariamente a favor del sindicato y sólo secundariamente para proteger la estabilidad laboral del representante de los trabajadores; de tal manera que constituye una garantía de los derechos de asociación y libertad sindical antes que la protección de los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados. Por lo tanto, los trabajadores amparados por fuero sindical, gozan de una protección especial de rango constitucional que debe ser respetada por el empleador».
Debemos reconocer la justicia con la que procedieron los magistrados Javier Fernández y Julieta Chaparro. Su decisión de que las tres compañeras sean indemnizadas y reintegradas a la empresa, deja abierto el camino para que los casos pendientes sean resueltos también favorablemente a los trabajadores.