Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

A levantarse contra los decretos criminales de la Emergencia Social

Por Alfonso Hernández

El gobierno declaró, mediante el decreto 4975 del 29 de diciembre de 2009, la Emergencia Social para adoptar de manera expedita medidas que le permitan garantizar abultadas utilidades a las empresas que se lucran con el negocio de la salud. El interés principal consiste en encontrar un escape a las acciones de tutela que ordenan atender enfermedades excluidas de los Planes Obligatorios de Salud, POS. Para ello, el decreto 128 de 2010 determina que “las prestaciones excepcionales de salud” serán financiadas con los recursos del paciente. La draconiana disposición establece que: “La autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el Fonpres, Fondo Nacional de Prestaciones Excepcionales de Salud, procederá previa verificación de la capacidad real de pago del afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad, o en la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su ingreso y/o su capacidad patrimonial, entre otros criterios.” De tal manera que las viviendas, ahorros, cesantías y pensiones, no sólo del enfermo, sino también del grupo familiar, serán botín para los agiotistas de la salud. Para llevar a cabo el despojo cuentan con “los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos” que “reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago”. Preparándose para la gran rapiña, ya las EPS están convertidas en verdaderas para- registradurías, como las llamó una columnista de prensa, pues atesoran datos de cada uno de sus afiliados, con la complicidad del minprotección, no tanto para conocer el estado de salud, sino para calcular a cuánto puede llegar la exacción.

Leer más...

La lucha por la defensa de la salud pública debe continuar

El 15 de mayo pasado se constituyó en Bogotá, en la sede de la CTC, el Comité por la Defensa de la Salud de Cundinamarca. A su fundación confluyeron organizaciones como Asonal Judicial, Anthoc, el Sindicato del Hospital Militar, el grupo juvenil La Comuna y Untraflores, y personalidades como el médico Camilo Hernández, que habían coincidido en impulsar a comienzos del año una esforzada agitación en contra de los decretos de la Emergencia Social, promulgados a finales de enero por Uribe Vélez. Como se sabe los decretos fueron parcialmente derogados por la Corte Constitucional, la cual en su sentencia mantuvo la vigencia por un año de aquellos que establecían nuevos impuestos y le señaló al gobierno que tanto la motivación como el contenido de las normas eran necesarios pero que debían ser llevados a la aprobación del Parlamento.

Leer más...