Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

El fin de la salud pública

La feria que ha hecho el gobierno nacional de las entidades públicas ha abarcado todos los sectores de la prestación de servicios, que por falta de recursos o por negligencia, no pueden atender eficientemente a la población colombiana; esto le ha servido de pretexto al régimen para aplicar reformas que facilitan la privatización.

Por Gloria Rosales*

La feria que ha hecho el gobierno nacional de las entidades públicas ha abarcado todos los sectores de la prestación de servicios, que por falta de recursos o por negligencia, no pueden atender eficientemente a la población colombiana; esto le ha servido de pretexto al régimen para aplicar reformas que facilitan la privatización.

Desde la ley 100, los hospitales y demás entidades que prestan los servicios de salud pública han sido sometidos a un plan que, a tono con la apertura económica, viene entregando la seguridad social del país a monopolios privados, para los cuales es un lucrativo negocio.

Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo, mero negocio en lugar de opciones para acceder a la salud

Antes de la Constitución de 1991, se ponía de manifiesto que la deficiente prestación de la salud era producida por una serie de problemas de fácil solución, en tanto que obedecían a inconvenientes en el recaudo de los contribuyentes, la poca cobertura y altos costos en la prestación de algunos servicios. En general problemas que apuntaban más a una desorganización en el sistema que a una falta de recursos.

De este diagnóstico nace la propuesta que planteó César Gaviria, que pretendía, a través de una serie de reformas, reducir a toda costa el gasto público para el sector salud, promoviendo una descentralización estatal que obligara a los hospitales y entidades prestadoras del servicio a ser autosuficientes. El primer paso sería convertir los hospitales de la red pública en Empresas Sociales del Estado, ESE, que entrarían al mercado a vender servicios.

El problema de la cobertura se pensaba afrontar a través de la ampliación de los regímenes, contributivo y subsidiado que, se aseguraba, cubriría un 80% de la población más vulnerable del país. Para su optimización, dicho plan también contemplaba un incremento en los recursos, que sujetaba al PIB, con la promesa de que el país crecería por encima del 6%, y que siendo la tasa de retorno superior a ésta, beneficiarían las pensiones y el sector salud con un aumento del 8%, el doble del que se tenía hasta la fecha (4,2%).

Dicho plan no se llevaría a cabo sino hasta el “Salto Social” de Samper, quien puso en marcha cada una de las medidas aprobadas en la Ley 100. Después de casi 15 años de aplicación, han quedado al desnudo todas las falacias de quienes defendieron —y aún defienden— la mentada norma.

Primero, quedó claro que la Ley 100 no va a universalizar la atención en salud. Al contrario, hoy se mantiene la abrumadora cifra de 20 millones de colombianos sin ningún tipo de aseguramiento. El asunto es más grave, pues un editorial del diario El Tiempo, del 7 de septiembre de éste año, sostiene que 7,5 millones de personas, de las 12 millones que deberían ser atendidas por el régimen subsidiado, tienen dificultades para acceder a los servicios por problemas de ineficiencia administrativa.

También, en estos años el monto de los dineros destinados a la salud, en vez de aumentar, disminuyó, pues con los actos legislativos de 2001, y 2007, los gobiernos de Pastrana y Uribe recortaron las transferencias para salud y educación, y nunca fue posible un aumento en el PIB del 8% 1; por el contrario, el crecimiento de la economía de ese período fue muy bajo.

En lugar de “salto”, lo que hubo fue atraso social y un recargo de obligaciones a las entidades de la red pública, un desentendimiento total del Estado frente a la administración de sector salud que, para conseguir los recursos necesarios para su sostenimiento, quedó a merced de unos traficantes financieros, que son los dueños de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, y de las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS.

Los administradores de la salud

En el momento en el que en la salud se dejó de pensar en la humanidad de los sujetos, y se pasó a tener en cuenta el lucro, la optimización, la eficiencia y toda clase de criterios economicistas, se descuidó la protección a los trabajadores y al pueblo, se comenzó a disminuir cada vez más sus derechos, y se instauró un modelo que sólo propende a mantener unas condiciones mínimas en los servicios.

Cuando entraron en escena las EPS, lo hicieron para cubrir a la población que contaba con algún tipo de vinculación laboral, y desde el comienzo se establecieron ciertas medidas para forzar a que las personas se afiliaran a dichas empresas.

Para empezar, el gobierno sancionó al Seguro Social y congeló sus afiliaciones para garantizar el fortalecimiento de las EPS, al tiempo que se hacía una campaña publicitaria asegurando que lo privado era la mejor opción, pues lo público estaba inmerso en la corrupción, el despilfarro y el robo.

Si existe algo que propicie la corrupción es el modelo creado por la Ley 100. Sus consecuencias son la muerte de las personas. Al crear las ARS, se permitió que esas entidades innecesarias se quedaran hasta con el 40% de los dineros destinados a la salud de los más pobres.

En tanto el Estado se sigue separando de sus bienes públicos, comienza a exigirles a las empresas que se hagan rentables para que se puedan solventar por sí mismas, es decir, que se inscriban en la lógica de la “eficiencia”. Esto requiere cobros mayores a sus afiliados, agobiados ya con los salarios de miseria y el alto costo de vida.
Pero el abuso se extiende también a lo privado, en donde se lanzan combos y planes que en lugar de procurar la buena salud de sus afiliados, son paños de agua tibia a los males que les engendra el trabajo y el ritmo de vida que degrada su salud física y mental. Y ese camino está lleno de las cortapisas establecidas en los Planes Obligatorios de Salud (POS. Allí se niega casi todo. Se excluyen enfermedades como el SIDA, y si se contrae, no se contempla la medicación; algunos tipos de cáncer; exámenes y tratamientos costos. Quienes dirigen las instituciones no son médicos, ni cirujanos, ni algo parecido, son administradores de empresas, adiestrados para lidiar con las contingencias del mercado y hacer lo que resulte más rentable.

El que tiene el privilegio de estar en el sistema de salud, tiene que pagar altos costos, y otros más si por desgracia su enfermedad rebasa los mencionados límites aceptables. Fuera de ello debe someterse a las consultas de quince minutos por paciente; a los especialistas que nunca encuentran la enfermedad; a los diagnósticos imprecisos; a los medicamentos inservibles. Los que aguantan —porque no les queda remedio— largas filas y extensas cuentas, se convierten en expertos en leyes y códigos, para poder exigir sus derechos a punta de tutelas. Quienes sirven en las entidades, reciben sueldos de miseria producto de la flexibilización laboral que afecta también a los profesionales. A muchos de ellos, absorbidos por la perversidad del sistema, poco o nada les importa el paciente.

Un sistema montado sobre la base de asegurar la ganancia de las EPS y ARS, tiene que producir resultados como la quiebra de los hospitales de la red pública, y para los usuarios, aberraciones como el tristemente célebre “paseo de la muerte”. Está demostrado que la causa principal de la crisis de los hospitales son las deudas que no les pagan las ARS y las EPS a las que les venden servicios. La atención de cualquier paciente, sea afiliado a una EPS o a una ARS, debe hacerse con el lleno de unos requisitos para que esas entidades autoricen y paguen los procedimientos. Cualquier omisión hace que la aseguradora no pague. Si prima la ética médica, las instituciones se quiebran, y si prima el criterio mercantil, los pacientes corren el riesgo de morir.

1 Los datos son tomados de El futuro de la reforma Pensional, publicación patrocinada por Asofondos.