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Trabajadores: otra vez víctimas de las políticas neoliberales del presidente Uribe

Mediante la Ley 789 de 2002, Álvaro Uribe Vélez arrebató a los empleados billones de pesos al extender la jornada diurna hasta las 10 de la noche y reducir el recargo de dominicales y festivos

Mediante la Ley 789 de 2002, Álvaro Uribe Vélez arrebató a los empleados billones de pesos al extender la jornada diurna hasta las 10 de la noche y reducir el recargo de dominicales y festivos

Por: Catherine Tamayo*

No era necesario ser un prestidigitador o tener una bola de cristal para predecir que la Ley 789 de 2002 “por la cual se dictaron normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social”, no serviría ni para lo uno ni para lo otro y que, por el contrario, vulneraría aún más los derechos de los trabajadores, puesto que era evidente que una reforma laboral en la que el pago de las horas extras disminuía, sólo podía implicar una mayor pauperización de las clases más pobres, quienes son las que deben soportar la explotación de prolongar la jornada ordinaria, para poder “cuadrarse”, ya que el salario básico es insuficiente para subsistir.

En marzo pasado, después de cuatro años de vigencia de esa ley, salió a la luz un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, que demuestra las nefastas consecuencias de la reforma y la falsedad de sus supuestos objetivos.

Entre otras cosas, la investigación concluye que “el empleo está cayendo frente al crecimiento de la economía”; que “no existe una tendencia sostenida que muestre un aumento del empleo formal y una baja del empleo informal”; que entre 2003 y 2005 aumentaron el subempleo y la insuficiencia de ingresos; que no se produjo ningún cambio positivo en el mercado laboral; que el gobierno manipula las cifras para mostrar un crecimiento de la ocupación, y que los grandes perdedores fueron los obreros, quienes, además, debieron responder con sus ínfimos ingresos por las supuestas políticas de protección al desempleo, ya que los medios para ello provinieron de los llamados parafiscales, que son recursos de los propios trabajadores, mientras que lo que estaba a cargo del gobierno, como los subsidios al empleo y al desempleo, nunca aparecieron.1

Citando el estudio, el diario El Tiempo destacó que “los trabajadores del sector de la vigilancia privada han sido de los más damnificados, al reducirse el costo de las horas extras y de los domingos y festivos laborados”2, ya que dejaron de percibir 506.464 millones de pesos, durante el periodo 2003-2006, que se traducen en la reducción del ingreso de un vigilante en más un millón cien mil pesos al año; señaló, además, que según el CID, las pérdidas estimadas de los trabajadores entre el 2003 y el 2006 por cuenta de la reforma, aprobada en 2002, ascienden a 5,6 billones de pesos.3 Las escalofriantes cifras no son más que el resultado de la extensión de la jornada diurna hasta las 10 de la noche, con lo cual se barrió con el recargo nocturno de 35%; la reducción al 25 por ciento del sobreprecio de las horas extras que se laboran entre 6 de la tarde y 10 de la noche, que antes era de 75 por ciento, y el bajonazo de la remuneración de domingos y festivos. Esto sin contar con la rebaja de la indemnización por despido sin justa causa.
¿Quién le responderá a la sociedad colombiana por este crimen, por esta masacre laboral?

Los pobrecitos empresarios no lo harán; ellos se quejan de los altos impuestos que deben pagar (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar), y alegan que por esa razón no pueden ocupar más mano de obra, o deben hacerlo a través de empresas temporales, oficinas de empleo y cooperativas, en las cuales los contratados no tienen garantías laborales. Pero, claro, no es culpa de ellos, pues ¿qué ganancia tienen si en sus bolsillos no se quedan las prestaciones de sus trabajadores y las obligaciones para con el Estado? El gobierno nacional evade su responsabilidad, que dizque actuó de buena fe, porque su fin era el de generar mayor empleo y para ello debía reducir el salario de los trabajadores más pobres, dándoles a las empresas la posibilidad de contratar más personal a un costo más bajo; pero como éstas no crearon nuevos puestos, la solución era fácil: que el DANE informara que había mucha más gente empleada, aunque sólo fuese en sus alteradas estadísticas. La obligación del presidente Uribe y sus secuaces, perdón, y su equipo de gobierno, es la de traerle progreso al país, alguien tendría que sacrificarse, y no serían quienes detentan el poder económico y político del país, sino aquellos que, como dicen los patrones y el gobierno, todavía gozan de “privilegios sindicales”.

La CUT aprovechó el estudio del CID para interponer, ante la Corte Constitucional, una demanda contra algunos artículos de la Ley 789. No obstante, esa misma Corte, que le ha servido de alcahueta a la mayoría de las disposiciones del gobierno de Uribe, incluida su reelección, ya en 2004 había sentenciado que las oprobiosas modificaciones laborales no violaban la Constitución. Desde el comienzo era claro que la reforma lo único que buscaba era abaratar la paga y que el famoso artículo que determinaba que sus resultados debían evaluarse luego de dos años de aplicación, para ver si había producido efectos positivos en el empleo, era la manera de embolatar a los obreros, para que no enfrentaran con decisión el atropello en el momento en que se estaba cometiendo. Entonces, según todo lo anterior, los únicos culpables de su destino son los propios trabajadores, a quienes sus opresores les formulan que bajo la globalización y el neoliberalismo deben ser competitivos, es decir, que adquieran las destrezas necesarias para participar del mundo del trabajo actual, en el que las relaciones de producción han cambiado, en el que prima el individuo aislado, egoísta y “emprendedor”, que requiere el mercado laboral, uno “que genere su propio empleo, por ejemplo, vendiendo almojábanas, haciendo costuras o montando un salón de belleza”4.

¿Se dan cuenta, señores trabajadores, que el problema ya no es el de la protección al trabajo y los derechos laborales sino que sean empleables?

1 Evaluación de la reforma Laboral (Ley 789 de 2002) Informe Final, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias económicas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, marzo de 2007
2 Diario El Tiempo. Domingo 21 de octubre de 2007
3Ibíd.
4Periódico Le Monde Diplomatique Colombia Edición Nº 58
* Estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional