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Crisis de la UVR: Tener casa propia, del sueño a la pesadilla

La clase trabajadora, que es la más afectada por la voracidad del capital financiero, ha acudido a las vías de hecho como forma de resistencia ante la injusticia de los cobros que llegan a triplicar las obligaciones adquiridas

La clase trabajadora, que es la más afectada por la voracidad del capital financiero, ha acudido a las vías de hecho como forma de resistencia ante la injusticia de los cobros que llegan a triplicar las obligaciones adquiridas

Por: Carolina Moreno y Felipe Castellanos*

La crisis de vivienda en Colombia ha sido uno de los proble-mas económicos más agobiantes en los últimos años, pues la ines-tabilidad en las condiciones de la propiedad raíz ha hecho que en innumerables ocasiones muchas familias queden sin techo, luego de acogerse ilusamente a los requerimientos onerosos de quienes brindan créditos hipotecarios.

Recientemente, los medios de comunicación han vuelto sus ojos a la preocupante realidad de miles de deudores de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y la “nueva” Unidad de Valor Real (UVR), mostrándonos infames jornadas de desalojos que necesariamente reviven el debate acerca de la pertinencia de estos sistemas de crédito, que a pesar de múltiples reformas no han cambiado estructuralmente y, por el contrario, cobran cada vez más víctimas en razón de una marcada tendencia del gobierno a obedecer al sector financiero.

¿Qué es la UVR, cómo funciona y a quién beneficia?

La Unidad de Valor Real (UVR) nació en el año 1999, bajo la ley 546, y su supuesto objetivo fue salvaguardar los bienes raíces de las familias que han optado por un crédito hipotecario, y dar solución a la crisis de la UPAC, que llevó al embargo de centenares de miles de viviendas. Pero la UVR crece diariamente con el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa de interés que carga la entidad prestamista. Las entidades financieras imponen desde el comienzo cuotas más altas y con la oferta de plazos más largos obtienen mayor interés.
La verdad es que la UVR protege, por encima de cualquier otra cosa, los intereses de la banca, garantizando la rentabilidad al capital financiero, lo que implica una ganancia constante a pesar de la elevación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) y la inestable situación salarial de los empleados. Si antes la UPAC se basaba en la tasas de interés de los depósitos a término (DTF) para emitir préstamos, ahora la UVR los determina con el IPC, siendo este cambio imperceptible a la hora de garantizar el acceso a vivienda, pues mantiene el peligro de perderla en el proceso de pago.

A pesar de las innumerables quejas y protestas de las familias que adeudan cifras exor-bitantes a los bancos, el Ministro de Hacienda, Oscar Zuluaga, expresa su conformidad con el meca-nismo de préstamo a inte-rés UVR, lo que significa una total despreocupa-ción por más de un millón de familias que con el UPAC y el actual UVR han pagado más de la cuenta a las corporaciones de ahorro, lo cual no las ha salvado de perder su casa o de enfrentar pleitos judiciales.

Esta situación que viven los usuarios de créditos de vivienda es una muestra de cómo los llamados derechos fundamentales son letra muerta de los códigos y la Constitución, que en su artículo 51, sobre los derechos sociales, económicos y culturales, dice: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. El Estado, que se ufana de ser constitucional, no ha mediado por las familias que en su condición de deudoras sufren los abusos que el capital financiero comete. Estos hechos auguran una crisis peor que la del año 1999 cuando la UVR entró a reemplazar a la UPAC.

Las vías de hecho como respuesta al desalojo

En tiempos de la UPAC, se generalizaron en las principales ciudades del país mecanismos de respuesta a los desalojos por orden judicial. Los deudores viendo la inminente intervención de la fuerza pública acudían a sus vecinos, a veces también deudores del sistema, para hacer frente a la agresión. Las arengas en contra de la policía se acompañaban con la disonancia de los golpes de ollas y cacerolas, cuyo significado era el denunciar la arbitrariedad y el despojo del Estado, indolente ante el drama de miles de deudores; hechos como éste se repitieron a lo largo de las décadas del 80 y 90 evidenciando no sólo la crisis del sistema UPAC sino una incipiente solidaridad de clase.

Actualmente, con la puesta en marcha de la UVR y el fantasma de las deudas del liquidado UPAC, la situación no difiere mucho: las imágenes que reinaron en los noticieros, mostraron a efectivos del ESMAD apostados en frente de humildes viviendas atacando indiscriminadamente a las familias atrincheradas, algunas de las cuales esperaban ingenuamente la intervención de la Defensoría del pueblo, cuyas gestiones fueron nulas frente a los atropellos. Ante esta situación, es indispensable que los deudores se organicen para rechazar los desalojos y que la población los respalde en la defensa de sus viviendas.