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Aprietos y malabares de Uribe

Harto paradójica es la situación de Álvaro Uribe Vélez, quien continúa navegando en un mar de popularidad mientras naufraga en el océano de los escándalos de corrupción. A la parapolítica que lo persigue como una sombra, se le ha sumado la evidencia de que su reelección fue producto de la compra del Parlamento, a pesar de lo cual sigue dispuesto a mantenerse en el cargo a toda costa, en parte por el temor de verse desplazado del palacio de los presidentes a la celda de los presidiarios.
Por Alfonso Hernández
Harto paradójica es la situación de Álvaro Uribe Vélez, quien continúa navegando en un mar de popularidad mientras naufraga en el océano de los escándalos de corrupción. A la parapolítica que lo persigue como una sombra, se le ha sumado la evidencia de que su reelección fue producto de la compra del Parlamento, a pesar de lo cual sigue dispuesto a mantenerse en el cargo a toda costa, en parte por el temor de verse desplazado del palacio de los presidentes a la celda de los presidiarios. El presidente reo se debate entre la permanente, y mal disimulada, complacencia de los apetitos insaciables de sus adeptos, y la mímica con la que pretende que el público lo considere como la encarnación de la pureza de las costumbres y de la entrega al trabajo. Cuanto más abrumadores son los hechos que lo inculpan a él y a su círculo, más se esfuerza por tomar distancia de sus conmilitones, muchos de ellos ya imposibilitados para negar su participación en crímenes o en actos venales.

La extradición de un grupo de jefes paramilitares y la andanada contra los partidos uribistas son las muestras más recientes de hasta dónde ha llegado la angustia presidencial por negar a sus más entrañables partidarios.
Poco después de asumir el cargo se dio a la empresa de reivindicar a los jefes paramilitares, a los que presentó como rebeldes, y trató de hacer aprobar una ley que los indultara sin que fuera menester la confesión ni el resarcimiento a las víctimas y en la que, con algunas triquiñuelas, los convictos de haberse sublevado en defensa del régimen, podrían disfrutar libremente las enormes riquezas y el poder político conquistados a sangre y fuego. Enfrentado a un alud de denuncias y a ciertas disposiciones de la Corte, tuvo que aceptar que la ley exigiera algunos requisitos a quienes tan activamente habían contribuido a la victoria de la Seguridad Democrática, a los cuales posteriormente tuvo que trasladar de las fincas de recreo, que hacían las veces de prisión, a confortables habitaciones en algunos establecimientos penitenciarios. En vano se supo que desde éstos los capos seguían delinquiendo, Uribe fue sordo ante las denuncias.

Sólo cuando los Mancuso y compañía —envalentonados por saber que tenían al gobierno, al Congreso y a muchos empresarios nacionales y extranjeros en sus manos— se pasaron de la raya al tratar de dar a conocer más de lo que el régimen y el propio Uribe podían resistir, éste decidió extraditar a la plana mayor de los paramilitares: intento desesperado por poner punto final al destape del maridaje entre el crimen y la política oficial. Las familias de las miles de víctimas ya no podrán interpelar a los acusados, ni la prensa colombiana hurgar en sus secretos y, más grave aún, cualquier diligencia judicial de nuestro país quedará sujeta al capricho de los alguaciles gringos. Al menos hay que reconocerle que, por esta vez fue sincero: tuvo que admitir que la seguridad democrática no había hecho cosa distinta a alcahuetear el que las autodefensas hubieran convertido las llamadas cárceles de alta seguridad en su cuartel general.

Sus dificultades no se limitan a eso, Álvaro, tan cargado de tigre, no ha conseguido atemorizar a los jueces y fracasó al extremo de que no logró poner a salvo al fiel primo Mario. Si sigue dando tras pies en la pasmosa maniobra de encubrimiento, el país, quizás, verá reunirse de nuevo, ahora bajo el mismo techo, a estos dos parientes tan adictos el uno al otro.

Ante los hechos apabullantes que lo inculpan, el Presidente se afana porque los parlamentarios le aprueben sus proyectos de ley a las carreras, ya que el tiempo apremia, pues las órdenes de captura se suceden y van diezmando con pasmosa rapidez las huestes uribistas en el Congreso. Dice mucho sobre la situación de Colombia el que sean los delincuentes de cuello blanco quienes tengan en sus manos la legislación del país, la cual siempre es implacable con las gentes trabajadoras y generosa en extremo con los millonarios, especialmente si de las multinacionales gringas se trata. La mayor prisa tiene origen en el deseo de imponer una reformita política más, que le allane el camino a la nueva reelección, para lo cual es muy conveniente que los reos puedan votar y la curul no quede vacía sino hasta cuando el aspirante a la presidencia vitalicia haya sacado adelante su abusiva voluntad.
Como lo ha demostrado la Yidis-política, Uribe paga esos votos convirtiendo las notarias y los hospitales, el cuerpo diplomático y las instituciones públicas y el erario todo en la caja menor del soborno. Tal vez nunca se había visto un descaro mayor en la malversación de los dineros y en el tráfico de influencias. Con su cara de santón y sus declamaciones compasivas por los “pobrecitos” sólo pretende ocultar la más descompuesta y despiadada conducta.

A la vez, organiza campañas de propaganda negra, que recuerdan las artes de los nazis, contra la Corte y cada uno de sus contradictores y manda al ministro de protección social y a otros de sus correveidiles a declarar que a los inocentes congresistas se les ha convertido en chivos expiatorios, cuando, en realidad, los hechos apenas están empezando a salir a la luz.

Recursivo en artima-ñas, hace que el Comisio-nado de Paz, el teórico de la ternura, declare que los partidos uribistas están plagados de aprovecha-dores y malandrines. ¡Qué otra cosa se podía esperar de agrupaciones formadas por tránsfugas, solo interesados en colinchar-se, a cualquier precio, al carro de la victoria, quienes no tienen convicciones distintas a las del tirano que les paga la coima! Pero el comisionado pretende hacer creer que en medio del lodazal de dichos partidos, Uribe se mantiene impoluto. La pandilla delinque pero el cabecilla y beneficiario principal de las tropelías es inmaculado: tal es la estrambótica afirmación de Luis Carlos Restrepo. Reconoce una verdad evidente pero solamente para contrabandear embustes mayores.

Las astucias de publicista no van a resultar eternamente. Ya distintos sectores de la oligarquía nacional y extranjera cocinan fórmulas para pedirle que no pretenda otra reelección. Se trata, según han expresado los voceros, de perpetuar la “seguridad democrática”, con todas sus infamias contra la salud, la educación, el bienestar, las libertades del pueblo y la soberanía de la nación. Sólo cambiarán algunos rostros en los carros oficiales.

Todos estos sectores hablan de la defensa de las instituciones, a las cuales, según dicen, no se les puede atribuir ningún desmán, cuando lo que demuestra la situación por la que atraviesa el país es que la corruptela es el producto más genuino de un ordenamiento cuya base consiste en enriquecer a un puñado mediante la explotación de millones de seres.

Mientras que la cúpula se desvela por encontrar fórmulas que perpetúen el régimen, la situación social se deteriora, los precios de los alimentos se trepan junto con los de los combustibles y de la pregonada bonanza económica los únicos que se lucran son los financistas extranjeros, porque hasta los exportadores colombianos atraviesan por una encrucijada.

El obrerismo, a la vez que denuncia y combate al gobierno uribista, necesita preparase para enfrentar el hambre, el desempleo y las opresivas condiciones laborales.