Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

La reelección de Uribe ahondará el despotismo y la ruina económica y social de la nación

Desde la Casa de Nariño el primer mandatario está promoviendo quedarse por lo menos un nuevo período en la presidencia, para trabajar y trabajar por los poderosos a costa del sacrificio de los sectores laboriosos  
 
Como única cura para los males que padece Colombia diversos sectores de la clase dominante impulsan la reelección del presidente Álvaro Uribe. Ya cien congresistas presentaron un proyecto de reforma constitucional con ese fin y el embajador de Estados Unidos, William Wood, en descarada intervención en la política interna de Colombia, señaló que no ve «nada de antidemocrático en la propuesta» y le auguró largos años en el poder al actual mandatario.

La verdad es que la mayoría de los colombianos no tienen por qué alegrarse de semejante designio. El peso del corazón grande agobia a las masas empobrecidas: la angustia hace presa en millones de desempleados; en las ciudades pululan los indigentes; las epidemias, como la de fiebre amarilla, azotan a miles de compatriotas; el plan bandera de vivienda de interés social es un completo fracaso; y a pesar de que congeló los salarios y redujo el pago del trabajo nocturno, dominical y festivo, con la promesa a los sacrificados de siempre de que si aceptaban mayores privaciones la economía se reanimaría y se abrirían fuentes de trabajo, los renglones productivos siguen aletargados.

El gobierno incrementó el IVA, la sobretasa a la gasolina y el impuesto de renta, y ha despedido a miles de trabajadores estatales y congelado sus sueldos dizque para tapar el déficit fiscal, causado por la onerosa deuda pública, que devora todos los recursos arrancados a los colombianos; y no obstante que pregona querer sanear las finanzas nacionales, desbarata las empresas más rentables del Estado, como hizo con Ecopetrol. El precio de los alimentos, los servicios públicos y de otros renglones esenciales suben imparables.

La violencia de origen ilegal no cesa; la de origen oficial se desmanda. El Presidente embiste contra las mínimas garantías democráticas, se esfuerza en amordazar a las Cortes, en comprar y chantajear al Congreso y viola contratos y derechos laborales. El país se colma de informantes, se abre paso a los allanamientos y detenciones sin orden judicial y a la extradición por vía administrativa.

El presidente intentó con el Referendo que los propios perjudicados apoyaran las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y le ofrecieran un respaldo suficiente para garantizarle un nuevo y consecutivo período de gobierno. Ante el fracaso, quiso imponer su iniciativa chantajeando a los partidos y al Consejo Electoral. No quería someterse al resultado de la votación que él mismo convocó.

Como si lo anterior fuera poco, está decidido a instaurar las siguientes medidas: arrasar con más empleados y entidades estatales y congelar los salarios; extender el IVA y aumentar las cargas a las rentas del trabajo y a los capitales nacionales; ponerles tributos a los pequeños giros que los colombianos emigrados envían a sus familias; reducir las transferencias a las regiones y que a cambio alcaldes y gobernadores mermen los dineros que destinan a educación y salud; eliminar los sistemas especiales de pensiones del magisterio y Ecopetrol; gravar los aportes y mesadas pensionales y aumentar la edad de jubilación, afectando duramente a las mujeres, a quienes se les igualará la edad de retiro con la de los hombres; y, para colmo, quitar del Plan Obligatorio de Salud, POS, el servicio de odontología y la entrega de varios medicamentos, mientras se incrementan las cuotas moderadoras y los copagos.

También plantea una reforma a la justicia para abolir las mínimas garantías procesales, desatender los pleitos de los pobres, eliminar numerosos despachos y funcionarios y dedicar el aparato judicial a atender la «seguridad jurídica» de los poderosos. Con el pretexto de combatir el terrorismo, se pretende impedir que los ciudadanos se desplacen libremente por el país. A toda persona se le obligará a informar su lugar de residencia, los sitios que frecuenta, la composición de la familia, la actividad laboral y sus desplazamientos. Se facultará a las fuerzas militares y la policía judicial para allanar residencias, interceptar comunicaciones y detener sin orden judicial previa. La Corte Constitucional no podrá pronunciarse sobre los decretos que establezcan los estados de excepción. El juez que, resolviendo una tutela, pretenda que una entidad de salud atienda a un enfermo de cáncer o de sida, tendrá que decir de dónde saldrán los recursos que implique su fallo. Mediante la emergencia judicial, el Presidente podrá modificar los códigos penales, laborales y civiles y hasta los procedimientos constitucionales. Podrá suspender términos, trasladar expedientes y alterar los procedimientos penales en asuntos de tanta monta como las detenciones preventivas y las medidas de aseguramiento. El propósito oficial no es otro que tapar toda rendija a través de la cual las gentes quieran defender algunos servicios y derechos elementales. No se trata de que la tutela o la Constitución de 1991 sean un dechado de democracia y bienestar. Por el contrario, la carta gavirista fue el marco para imponer las privatizaciones y las distintas políticas neoliberales. Hay que defender las garantías que aún quedan, sin corromper la mente de los trabajadores haciéndoles pensar que el llamado Estado de derecho y la mencionada Constitución son su tabla de salvación. Esa labor se ajusta al proceder de los defensores de la República neocolonial, no a quienes se esfuerzan para que la nación se independice y prospere y el pueblo alcance la libertad y la satisfacción de sus necesidades.
En Estados Unidos Uribe le reiteró a Bush que Colombia se meterá en la trampa del «libre comercio», a través de un tratado bilateral con ese país. El acuerdo devastará la producción de arroz, maíz, azúcar, lo que queda de trigo, carne bovina y porcina, lácteos, huevos y muchos otros. Son renglones agropecuarios protegidos y subsidiados en Estados Unidos y Europa, en los cuales será imposible competir para nuestros productores. Lo único que podremos cultivar serán las materias primas que requieran las multinacionales gringas, las que habrán de vendérseles a unos precios envilecidos por la competencia desatada entre muchos países pobres, como ocurre con el café.

Igual sucederá con las manufacturas, las cuales se limitarán a ensamblar a pedido de los monopolios foráneos que buscan rebajar al mínimo los costos laborales y eludir el pago de cualquier impuesto. Así, el país cederá su mercado, destruirá su base industrial y agrícola para lanzarse a una pugna con sus similares por atraer unas inversiones que, de llegar, no le dejarán sino ruina.

El capital usurero hincará con mayor fuerza su garra, ordenando despidos de empleados, cierres de colegios y hospitales, el remate de los bienes estatales restantes e incrementos de los gravámenes al consumo. Todo este apretón con el fin de hacer abonos a la incancelable deuda externa. La contratación estatal constituirá otro filón reservado a los linces de las finanzas internacionales, y ya el régimen está adoptando disposiciones que con el cuento de proteger la propiedad intelectual quebrarán a la industria farmacéutica nacional.

Para llevar a cabo todo ese plan ruinoso es que Uribe persigue ser reelegido. Colombia afronta un proceso de instauración de un régimen dictatorial. Los trabajadores junto con todos los demócratas y patriotas debemos enfrentar este designio con la altivez de Manuela Beltrán y de los demás próceres que nos dieron la independencia del colonialismo español.