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Reelección y reformas antipopulares

Editorial 

El presidente Uribe anda desbocado en sus ansias de reelección. El gobierno norteamericano y los dueños de la riqueza en Colombia, con quienes ha sido en extremo generoso, están felices con él y quisieran que durara muchos años en el poder. No piensan igual los obreros, para quienes el mandatario no hace más que trabajar, trabajar y trabajar contra sus intereses y los de la nación.
Uribe le achaca todos los problemas de la economía a la paga de los trabajadores y por eso su salida siempre es aumentar la explotación, reducir los salarios y las prestaciones, elevar la edad para la pensión y recortar las mesadas. Primero fue la reforma laboral que, entre otras, alargó la jornada diurna hasta las 10 de la noche, rebajó el pago de dominicales, festivos e indemnizaciones, reformó el contrato para los aprendices del Sena, a quienes se les podrá pagar sólo medio salario mínimo, y acabó con la unidad de empresa, con lo cual se dificulta la organización de los trabajadores. Después vino la reforma pensional que aumentó la edad para la jubilación, el monto y las semanas de cotización y redujo los beneficios de la sustitución pensional para los cónyuges y los hijos. Ahora se tramita otra reforma al régimen de pensiones con la que se pretende, además de establecer que los regímenes especiales pierden vigencia a partir del 31 de diciembre del 2007, consagrar la «sostenibilidad financiera» del sistema, es decir, convierte en norma constitucional que el gobierno le pueda meter mano a las pensiones cuando se le antoje, prohíbe la posibilidad de otorgar cualquier beneficio adicional a los trabajadores, acaba con el criterio de los derechos adquiridos y elimina la mesada 14.

La otra solución a la que acude Uribe, es elevarle los impuestos al pueblo. Ya  ha aprobado dos reformas tributarias que aumentaron el IVA y ampliaron el número de productos de la canasta familiar afectados por este impuesto, a la vez que colmaron de exenciones a los grandes negocios. En el Congreso se discute una nueva reforma tributaria cuyos componentes principales son el incremento en la carga del IVA, generalizándolo a todos los productos de la canasta familiar, y gravar las pensiones con un impuesto similar al de la retención en la fuente, que se les cobra a los asalariados activos.

Capítulo aparte merece el tema de la salud, en donde la crisis del sistema que implantó la Ley 100 —de la cual Uribe fue impulsor—, ha generado una exigencia nacional para salvar de la quiebra la red hospitalaria pública. La Ley 100 convirtió la salud en un negocio inhumano en el que la calidad de las consultas, los medicamentos y las intervenciones dependen de la solvencia económica del paciente. Hoy, veinte millones de colombianos están privados de atención médica, mientras la plata del presupuesto para salud se la devoran las ARS y la corrupción en los municipios, una intermediación totalmente parasitaria e inútil. Pero las propuestas de reforma de Uribe no acaban ese parasitismo, sino que lo concentran en las cajas de compensación. Y, como en todo, les achaca la crisis de los hospitales a las prestaciones de los trabajadores, para proponer las famosas reestructuraciones en las que los asalariados deben entregar todos sus derechos.

Contrario a lo que predica el gobierno,  todas sus soluciones se hacen golpeando a la clase obrera y a las capas medias de la población, a quienes no les queda otro camino que organizarse y ofrecer resistencia.