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El Salario Mínimo

Por Gloria Rosales
La fijación del salario mínimo para los colombianos, se ha convertido en un regateo, en el que el reajuste no se da en virtud de un derecho, sino como un regalo que se les hace a los trabajadores.

En la Constitución política de Colombia hay una serie de artículos llenos de frases vacías sobre el trabajo y su remuneración como principio fundamental, sobre que el Estado Social de Derecho debe garantizar el derecho al trabajo y la protección de quien lo realiza, lo mismo que unas condiciones de vida dignas y justas. Sin embargo, tales "principios" se establecen desde parámetros mínimos "la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo" (Articulo 53 de la Constitución), lo cual destaca el hecho de que desde el ámbito político y desde el punto de vista del Estado y los empleadores de lo que se trata es de garantizar lo escasamente necesario para la sobrevivencia del trabajador y no para que tenga una vida digna. Y ni para subsistir porque el grueso de los asalariados apenas recibe un mínimo mensual, y la canasta básica para una familia de cinco personas vale dos mínimos.

Además de las estipulaciones constitucionales de fijar un "mínimo" que garantice la explotación de los trabajadores, también existen ardides como la "participación" de las centrales obreras, que sostienen únicamente confrontaciones verbales en la Comisión de Concertación de Políticas Sociales y Laborales, pero no movilizan a los obreros. Por lo que unas veces terminan aceptando cualquier incremento y otras simplemente dejando constancia de que interpondrán una nueva demanda ante los Tribunales.

Este año se repitió este espectáculo, que finalmente dirimió el Ejecutivo acudiendo al artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que consagra que al no lograrse un acuerdo en la citada Comisión, el gobierno determinará el nuevo mínimo, con base en la meta de inflación del año siguiente, fijada por la Junta del Banco de la República, y el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), proporcionados por el DANE.

Así, el ministro de Protección Social decretó un aumento del 7,67%, equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, el cual mide la variación de precios que sufren los bienes y servicios que consume una familia promedio en el país. Sin embargo, en 2008, la inflación para los sectores de bajos ingresos, entre los que están los que reciben el mínimo, según el mismo Dane, fue de 8,99%, siendo la de los solos alimentos de 13,17%. Esto es, que el alza del mínimo en realidad estuvo por debajo de la inflación, o, lo que es lo mismo, los asalariados sufrieron una reducción de la paga.

Aun si el aumento del salario mínimo se hiciera en relación al índice de inflación para los sectores pobres, las personas seguirían con un sueldo de miseria, lo que se agrava si se tiene en cuenta la proyección de los precios de los bienes de consumo básico para el presente año que, según la tendencia, seguirán en aumento, haciendo que el alza del salario no sea más que una ilusión.
Esta es la forma en la que el Estado media entre los empresarios y los trabajadores, poniéndose en contra de aquellos a quienes supuestamente debería proteger, pues con esta decisión favorece a los capitalistas.

Sin embargo las voces en contra de este decreto no se han hecho esperar. Crecen la inconformidad y la denuncia tanto en el país como en el exterior, en donde a pesar de la demagogia uribista sobre "concertación y dialogo", crece la certeza de que una de las principales características del gobierno de la "seguridad democrática", es la del autoritarismo y la intransigencia frente a la clase trabajadora.