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Leyes laborales para el TLC

En realidad, las dos normas tienden a complacer al Partido Demócrata de los Estados Unidos que, en la puja por la presidencia de la superpotencia, ha criticado los desmanes contra los trabajadores colombianos, y dificultado en el Congreso la aprobación del TLC, suscrito por las dos naciones.En julio, el Congreso aprobó las leyes 1210 y 1233, que modifican algunas normas relacionadas con el derecho de huelga y las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, respectivamente. Luego de su aprobación, Uribe declaró: “El país tiene hoy una legislación laboral equilibrada (...) Porque es una legislación garantista por ejemplo, de estabilidad para los trabajadores, y que también da un buen marco de flexibilidad a los empleadores”. Agregó, que así Colombia se pone al día con las exigencias de la OIT.
En realidad, las dos normas tienden a complacer al Partido Demócrata de los Estados Unidos que, en la puja por la presidencia de la superpotencia, ha criticado los desmanes contra los trabajadores colombianos, y dificultado en el Congreso la aprobación del TLC, suscrito por las dos naciones.En julio, el Congreso aprobó las leyes 1210 y 1233, que modifican algunas normas relacionadas con el derecho de huelga y las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, respectivamente. Luego de su aprobación, Uribe declaró: “El país tiene hoy una legislación laboral equilibrada (...) Porque es una legislación garantista por ejemplo, de estabilidad para los trabajadores, y que también da un buen marco de flexibilidad a los empleadores”. Agregó, que así Colombia se pone al día con las exigencias de la OIT.

En esencia la ley 1210 establece que la declaratoria de ilegalidad de una huelga ya no estará en manos del Ministerio sino de de los jueces laborales, quienes mediante un procedimiento rápido darán su veredicto. Empero, dicha Ley faculta al Presidente de la República para suspender una huelga en caso de que, según su parecer, afecte gravemente “el orden publico o la economía en todo o parte de la población”. Salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque esta disposición viene a sumarse a las ya innumerables cortapisas existentes en el Código del Trabajo contra el ejercicio de la huelga. Sobra decir, que el Primer Mandatario siempre encontrará los “argumentos” para ejercer esta manguiancha licencia. Las limitaciones a los paros son tantas que hasta la OIT ha señalado varias, y de ninguna de ellas se ocupa la nueva regulación. Para citar una sola: la prohibición de hacerla en los “servicios públicos esenciales”, que el régimen interpreta a su antojo.

Tampoco es garantía que los jueces decidan la legalidad de las huelgas. Los Tribunales Superiores cada vez fallan menos a favor de los empleados. Y esto empeorará con las reformas y movimientos a la Rama Judicial que viene impulsando Uribe y que la convertirán aún más en simple apéndice del Ejecutivo.

Por su lado, la ley 1233, más allá de declarar que las CTA no pueden ser intermediarias laborales y que deben pagar los aportes parafiscales, no propone nada para impedir que dicha intermediación se siga presentando. Tampoco dice nada sobre reconocer la calidad de trabajadores de sus miembros para que puedan sindicalizarse y recurrir aunque sea a las recortadas leyes del trabajo y demandar cuando ellas se violen. Por el contrario, al reglamentar el tema de las CTA en sectores como la salud, la educación y el transporte, oficializa la vulneración brutal que, mediante este sistema, se viene haciendo de los derechos de los empleados de estos sectores. En fin, las dos nuevas leyes lo único que cumplen es con darle un mayor “marco de flexibilidad” a los patrones, como lo dijo Uribe.