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Las pensiones y cesantías en manos de los especuladores

La ley 100 de 1993, que vio la luz gracias al influjo perverso de Álvaro Uribe Vélez y sus socios, fue un duro golpe para el bienestar de millones de compatrio-tas, pues ya la Seguridad Social no sería potestad del Estado sino que quedaría a merced de los mercaderes que se dedicaron a transar en el casino bursátil la vida de los colombianos.
Por. Madisson Yojan Carmona Rojas

Introducción

La ley 100 de 1993, que vio la luz gracias al influjo perverso de Álvaro Uribe Vélez y sus socios, fue un duro golpe para el bienestar de millones de compatrio-tas, pues ya la Seguridad Social no sería potestad del Estado sino que quedaría a merced de los mercaderes que se dedicaron a transar en el casino bursátil la vida de los colombianos.

En consecuencia, salud y pensión no fueron consideradas ya como derechos sino como servicios, y por lo tanto su regulación, de ahí en adelante, quedó en el marco del “libre mercado”. Las empresas multinacionales, entre ellas los principales grupos financieros, tan pronto olfatearon la oportunidad de negocio se lanzaron sobre los cotizantes comos aves de rapiña a robarles su futuro. Aun en este ambiente de “libre competencia”, impuesto por el gobierno, lograron sobrevivir algunas entidades estatales, entre ellas el Instituto de Seguros Sociales, que quedaron en medio de una batalla a muerte de las EPS privadas y los Fondos de Pensiones y Cesantías por acaparar el mayor número de afiliados. Los efectos de estas pugnas son harto conocidos por quienes se han visto obligados a cotizar a estas empresas que anteponen la utilidad a la vida de los trabajadores colombianos.

El camino de los abusos

Con publicidad engañosa, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) les hicieron creer a los trabajadores que al poner sus aportes en cuentas de ellas, ganarían grandes dividendos y así estarían asegurándose un buen futuro al acogerse a los estupendos planes de pensión que ofrecían, pero en la realidad vemos cómo estos especuladores, al poner a circular el dinero ajeno en las bolsas, estaban jugando a riesgo de perder, lo cual, efectivamente, sucedió.

Sin embargo, la responsabilidad de las pérdidas no fue asumida por los culpables del fraude; por el contrario, quienes tuvieron que lidiar con ellas fueron de nuevo los trabajadores, que vieron cómo, a enero de 2008, dos billones de pesos, producto del sudor que cada día dejan en sus puestos de trabajo, fueron a parar a las arcas de los bancos que hicieron su agosto a costa de personas que por obligación legal deben cotizar para “asegurar una vejez digna”.

¿No es acaso paradójico que mientras las AFP pierden tan descomunal cifra, los bancos, el año pasado, tuvieran ganancias que sobrepasaron incluso sus propias expectativas? Pues sí, es paradójico, pero para nada casual, pues quienes se están beneficiando de las actuales condiciones de devaluación del dólar, de la entrada desmesurada de capital al país y de la pobreza de los colombianos que deben pagar altos intereses de los créditos que los asfixian, son precisamente ellos, los bancos, y en general todo el sector financiero. Entonces los agiotistas se lucra a costa de la miseria de muchos.

Complicidad del gobierno

Ante la sorpresa de pensionados y trabajadores que reciben cada mes el reporte de lo que han ahorrado y ven cómo su dinero disminuye, el gobierno responde con la promulgación del decreto 2664 del 12 de julio de 2007, que modifica la fórmula del cálculo de la rentabilidad mínima que, para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2007, era de 9.77% E.A. (efectivo anual) y que sufre una disminución del 30%, quedando así ubicada en 6.839% E.A., que se le transmite a los ahorradores, y sirve para aliviar las arcas del sector financiero que por ningún motivo quería asumir la responsabilidad de sus movimientos especulativos. De esta forma ruin le asestan otro golpe a quienes se encargan de generarle riqueza al país, y le premian a los especu-ladores sus felonías.

Al caído caerle es el remedio que aplica este ilegítimo gobierno para los males que aquejan al pueblo. Para los bancos, exenciones de impuestos y mil beneficios tributarios más, y a la clase trabajadora, oprobios y miseria.
Pero el cinismo de quienes se han encargado de despojar a los colombianos de sus ahorros no tiene límites, pues además de exigir al gobierno que los proteja, ya que dicen ser víctimas de lo que ellos mismos han fomentado, tratan de embaucar a sus ahorradores con explicaciones como sacadas del gorro de un mago; y, efectivamente, son magos: hacen desaparecer el dinero con gran facilidad y a cambio devuelven papeles que no respaldan ninguna deuda.

Como dijimos estos ladrones de cuello blanco y altos cargos, se alían con lo más corrupto de la clase política nacional para conseguir sus fines. Es conocida pues la manguala de Álvaro Uribe Vélez, Mario Uribe, su primo y el sector financiero. Estos dos brillantes políticos, en sus tiempos de parlamentarios se encargaron de abrirle la puerta a las fechorías del capital financiero. Primero la ley 100 y luego la reforma al régimen pensional aprobada en el año 2005, son los regalos que le hicieron a sus compatriotas, a sus connacionales.

Con la última reforma aprobada para pensionarse va a ser necesario dejarle empeñada el alma a los bancos, para al cabo de 50 años de trabajo poder exigir una miserable mesada pensional, que si las cosas siguen con las recesión económica en Estados Unidos como van, será de unos cuantos centavos de peso.

Dado que los gobiernos se hacen los de la vista gorda, la única salida es la organización de la clase obrera, para no cesar de exigir lo que le corresponde. Con entereza hay que hacerle frente a los embates de quienes no cesan de volver cada vez más indigna la condición de los obreros.