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Uribe: sepulturero del Seguro Social

Cuando, en 1993, el gobierno de César Gaviria promulgó la Ley 100, se condenó al Seguro Social a una lenta agonía. El gobierno no sólo le creó la competencia privada, sino que, desde entonces, todas las medidas que se han tomado en la materia redundan en un fortalecimiento del lucrativo negocio del aseguramiento, a costa del sector público en las tres actividades que constituyen la seguridad social: la salud, las pensiones y los riesgos profesionales. Con el anuncio de la liquidación del Seguro Social hecho en el mes de agosto por Álvaro Uribe, el hoy presidente culmina la tarea de verdugo de esa institución, tarea que comenzó como ardoroso defensor de la Ley 100, cuando ésta se tramitó en el Congreso y él se desempeñaba como Senador de la República.

Por Francisco Cabrera

Cuando, en 1993, el gobierno de César Gaviria promulgó la Ley 100, se condenó al Seguro Social a una lenta agonía. El gobierno no sólo le creó la competencia privada, sino que, desde entonces, todas las medidas que se han tomado en la materia redundan en un fortalecimiento del lucrativo negocio del aseguramiento, a costa del sector público en las tres actividades que constituyen la seguridad social: la salud, las pensiones y los riesgos profesionales. Con el anuncio de la liquidación del Seguro Social hecho en el mes de agosto por Álvaro Uribe, el hoy presidente culmina la tarea de verdugo de esa institución, tarea que comenzó como ardoroso defensor de la Ley 100, cuando ésta se tramitó en el Congreso y él se desempeñaba como Senador de la República.

Nos haríamos interminables si enumeráramos en detalle las medidas oficiales que han debilitado al Seguro y favorecido al puñado de traficantes que van tras el monopolio del negocio, pero con el ánimo de ilustrar a nuestros lectores, mencionaremos las más protuberantes.

· Con el esquema creado en salud por la Ley 100, el gobierno le entregó un filón de enriquecimiento a las EPS y las ARS, las aseguradoras privadas que cumplen el papel de intermediarias en la prestación de los servicios, las cuales acaparan las utilidades del sistema mientras a los hospitales de la red pública y a las clínicas del Seguro Social les toca asumir las pérdidas.

· Con la legislación establecida por la Ley 100 el gobierno propició que al Seguro le quedaran más del 90% de los pacientes con las llamadas enfermedades catastróficas (cáncer, SIDA, insuficiencia renal, entre otras), cuyo costo anual, según el gobierno, es de $350 mil millones; igualmente, quedaron allí los afiliados de mayor edad, los de ingresos más bajos, los que tienen un mayor número de beneficiarios y los que habitan en las regiones más apartadas. Los pacientes con edades entre 40 y 59 años le cuestan al Seguro el doble al año de lo que cuesta un afiliado joven ($380.000 al año), y los mayores de 60 años le cuestan el triple.

· Para garantizarle las utilidades a las EPS y a las ARS, el gobierno ha establecido un cúmulo de trámites burocráticos que impiden el pago oportuno y completo de los servicios que les facturan los hospitales de la red pública y el Seguro Social.

· Mientras el gobierno colmaba de privilegios a las EPS y ARS, los organismos de control sancionaban al seguro congelándole las afiliaciones.

· Con el fin de montarle el negocio al sector financiero, en los primeros años de la Ley 100, el gobierno, mediante el mecanismo del bono pensional, propició el trasladó de dos millones de afiliados del Seguro a los fondos privados de pensiones. A la postre, el resultado fue que el Seguro se quedó con los afiliados de más edad y con un abultado número de pensionados —650.000 a la fecha— cuyo costo mensual es de $525 mil millones, mientras los fondos privados acapararon los afiliados jóvenes y sólo cuentan hoy con 21.000 pensionados, que tienen un costo de $13 mil millones.

· Históricamente, el gobierno convirtió el ISS en caja menor y lo utilizó para hacer toda clase de campañas demagógicas, como la atención a los desplazados y a otros sectores llamados vulnerables. Al no pagarle las deudas, éstas llegaron a la fabulosa suma de $58.8 billones de pesos. Entre tanto, por cuenta de los ahorros de sus afiliados, los fondos privados atesoran una suma de $37 billones de pesos, que tienen dedicados a la especulación. De esa suma cerca del 50% se encuentra en títulos de deuda del Estado colombiano, es decir, que la mitad de los ahorros pensionales de los 6.850.000 trabajadores afiliados a dichos fondos, son una buena parte de la deuda del gobierno con los tiburones de las finanzas.

· Cada decisión del gobierno ha significado una desmejora de los servicios, despidos de personal y un recorte de derechos para los trabajadores.

El plan de liquidación del Seguro anunciado por el gobierno planteará, como en el caso de la Caja Agraria, Telecom, Inravisión y Adpostal, una reorganización que facilite la entrega total de las actividades rentables del negocio al sector privado, dejándole al Estado las cargas onerosas. También se pretende despedir a cerca de 14.000 empleados (3.000 del ISS y 11.000 de las ESE), para crear una o varias entidades «cero kilómetros».

En el Seguro, como en las entidades mencionadas, no ha habido una resuelta resistencia orientada por su sindicato, lo que le ha dejado a Uribe las manos libres para actuar. Para que los trabajadores puedan enfrentar una ofensiva como la anunciada, necesitan poner al frente de sus organizaciones dirigentes capaces de batallar consecuentemente.