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Gobierno avanza en privatización de Ecopetrol

Sin mayores contratiempos, el gobierno de Álvaro Uribe está cumpliendo su más acariciado propósito en materia de hidrocarburos: la privatización de Ecopetrol. Para ello, presentó al Congreso el proyecto de ley 113 "por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones», y le entregó al capital extranjero el control de la refinería de Cartagena.

Refinería de CartagenaPor Alejandro Torres

Sin mayores contratiempos, el gobierno de Álvaro Uribe está cumpliendo su más acariciado propósito en materia de hidrocarburos: la privatización de Ecopetrol. Para ello, presentó al Congreso el proyecto de ley 113 "por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones», y le entregó al capital extranjero el control de la refinería de Cartagena.

El citado proyecto dispone básicamente la conversión de la petrolera en una Sociedad de Economía Mixta que se regirá por el derecho privado, "sin atender al porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa"; como en ella predominará el ánimo de lucro, se la exime de compromisos fiscales para con la nación "diferentes a los de su objeto social"; la asamblea general de socios nombrará a todos los miembros de la junta directiva y ésta, a su vez, al presidente de la compañía y, con el propósito de atraer "capital humano", los salarios de los directivos ya no estarán limitados por los topes establecidos en las normas nacionales.

El proceso se efectuará por el llamado sistema de capitalización y se calcula que en el segundo semestre de 2007 se emitirá el primer paquete accionario, equivalente al 20% del valor de la empresa. Aunque el proyecto se viste con la hoja de parra de que la mayoría de las acciones, "con derecho a voto", se mantendrá en manos del Estado, dicha previsión de por sí implica que estas podrán seguirse traspasando a los privados, hasta entregarles prácticamente la mitad de la empresa. Luego, acorde con el estilo uribista, seguramente se suprimirá el "articulito" que inhibe entregarles el resto a los capitalistas.

Así, Colombia perderá la ingente riqueza que le significa su principal empresa, que le ha aportado al progreso nacional no solo en las llamadas áreas sociales, como la salud y la educación, sino mediante el impulso a innúmeras actividades productivas. Baste decir que, en 2005, le transfirió al gobierno central la suma de 7,3 billones de pesos, es decir, el 17,3% de los ingresos corrientes de la nación y que sus utilidades fueron superiores a 3,2 billones. Con la sola reinversión de las utilidades se tendría una base firme para cubrir las necesidades de capital de la compañía que el gobierno calcula que pasarán, de 1.400 millones de dólares proyectados para este año, a 2.500 millones en promedio anual durante el próximo quinquenio. Pero los sucesivos gobiernos, que han incluido en su agenda la feria de la petrolera alegando la escasez de recursos para su desarrollo, antes que revertir en ello las ganancias, han preferido colocarlas a pérdida en el sistema financiero internacional, a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, y en papeles del Estado. De esta forma hoy están invertidos al menos 2.500 millones de dólares.

Para complacer a los ávidos financistas que se quedarán con la compañía, el gobierno infligirá aún mayores padecimientos al pueblo. Como deberá concentrarse en "sus funciones empresariales", Ecopetrol ya no se hará cargo de los llamados subsidios a los combustibles, sino que será del presupuesto de donde el gobierno obtendrá los recursos para satisfacer la exigencia de los monopolios de que la gasolina y el diesel se les paguen a precios internacionales. El pueblo pagará por partida doble: nutriendo con más IVA las arcas oficiales para suplir las graciosas exoneraciones a los poderosos, y padeciendo la carestía agravada por los precios de los carburantes, que continuarán subiendo sin tasa ni medida. Mientras tanto, en la cúpula de la compañía se acomodará a una montonera de sanguijuelas que devengarán sueldos estrafalarios, bajo el chantaje de que, de no ser así, ese "capital humano" migrará hacia otros destinos.

 

La otra tropelía contra los recursos energéticos, la privatización de la refinería de Cartagena, se consumó el pasado 25 de agosto en el Club Metropolitan de Bogotá. La puja la ganó la compañía suiza Glencore International AG que, con el pago de 656 millones de dólares, tomó el control del 51% de una nueva empresa a la cual Ecopetrol le cede la totalidad del complejo, que responde por aproximadamente el 25% de la refinación nacional de hidrocarburos.

Desde los inicios del gobierno, en el "Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario", Álvaro Uribe se propuso entregarle al capital privado la refinería costeña, so pretexto de la necesidad de invertir en ella, consignada en el Plan Maestro de Modernización, el cual contempla ampliar su capacidad refinadora de 70.000 a 140.000 barriles diarios de crudo, mejorar la calidad de los combustibles y manufacturar materias primas para la industria petroquímica, en especial para la producción de olefinas, necesarias en la fabricación de un sinnúmero de artículos de las llamadas cadenas de plásticos y fibras sintéticas; caucho; y pinturas, barnices y lacas. Se calcula que la proyectada planta de olefinas, cuya condición necesaria para ser construida es la actualización de la cincuentenaria refinería, requerirá inversiones que rondan los 1.200 millones de dólares.

Esta entrega deja en manos de un consorcio extranjero la posibilidad de adueñarse de buena parte de la refinación de los combustibles necesarios para mover el aparato productivo y los transportes, ya que se prevé que en los próximos años las refinerías deberán ser cargadas, en buena parte, con crudo importado, con lo cual, por su ubicación, la de la Heroica cobraría, inclusive, mayor importancia que la de Barrancabermeja.

La absurda decisión de no llevar a cabo por cuenta propia tan jugoso negocio, la explicaron los másteres del gobierno por la carencia de "espacio fiscal". Este rebuscado sofisma consiste en que dentro del catálogo de directrices del Fondo Monetario Internacional, se califican como "gasto" y no como "inversión" los dineros del erario que se destinen a empresas de infraestructura como ésta, con lo cual se les achaca de manera artificiosa a las obras de desarrollo, y no a la sangría de la deuda externa, el déficit de las cuentas gubernamentales. Curiosamente, para la plutocracia que nos rige, cuando tales proyectos están en manos extranjeras dejan de ser dañinos y se convierten, como por arte de magia, en irrigadores de empleo, de progreso, de bienestar.

Con la adquisición de la factoría, el consorcio Glencore International AG continúa su apoderamiento de nuestra riqueza energética en el Caribe. La multinacional ya sabía lo ventajoso que resulta hacer negocios con los gobernantes colombianos. En el 2000, junto con las trasnacionales inglesas BHP Billiton y Anglo American, compró, por 470 millones de dólares, el 50 % de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que era propiedad estatal; y, a comienzos de este año, le vendió a Xtrata, empresa de la que Glencore es accionista mayoritaria, el 33% de la explotación por 1.700 millones de dólares, alzándose así con una ganancia exorbitante. También, a finales de 2004, le adquirió al Grupo Empresarial Antioqueño, por 110 millones de dólares, la mina de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, el tercer yacimiento carbonífero del país.

No deja de sorprender que frente a tan descomunales atentados, en esta ocasión, distinto a épocas anteriores, cuando también estaban en juego vitales intereses nacionales relacionados con los recursos petrolíferos, la resistencia no se haya hecho sentir con el vigor que requiere el intento de derrotarlas. La Unión Sindical Obrera informó que, el 24 de agosto, un día antes de la privatización de la refinería, y "luego de esperar pacientemente durante varias oportunidades", logró tener una "reunión personal con el presidente de los colombianos", encuentro en el que el sindicato rechazó "la venta del 20% de las acciones de Ecopetrol y la venta del 51% de la refinería de Cartagena", reclamos frente a los cuales el primer mandatario "ratificó su decisión". No obstante, el sindicato le renovó al mandatario su disposición "al diálogo para evitar que Ecopetrol sea privatizada escindida o vendida". En comunicados y declaraciones posteriores, la cúpula de la conocida organización ha insistido en que debe buscarse una ley de petróleos debido a que la entidad pública es maltratada por la legislación; también anunció que, aunque no puede echarse atrás legalmente la decisión sobre la refinería, le pedirán al Contralor que revise este tipo de contratos "al tenor" del artículo 60 de la Constitución Política (artículo que convida a los trabajadores a hacerse partícipes de la privatización) y, en reciente entrevista, el presidente del sindicato criticó que el pueblo colombiano no se "apropie" de la problemática petrolera, con lo que se agudiza la crisis, toda vez que la suerte de Ecopetrol "no es responsabilidad de la USO, sino de la nación".

Es indudable que el diálogo, los artículos constitucionales, la ley petrolera, que tramitarían los mismos congresistas que se relamen por aprobar el proyecto de ley 113; las gestiones ante los organismos de vigilancia y control, resultarán harto insuficientes para hundir los designios del régimen. Pero, los dilapidadores de la riqueza de Colombia no podrán salirse siempre con la suya. El valiente obrerismo petrolero, que durante un siglo ha dado innumerables pruebas de generosidad y sacrificio, más temprano que tarde, volverá a ponerse al frente de las luchas contra cada saqueo de la riqueza y cada afrenta a la dignidad de nuestra nación y nuestro pueblo. Solo así, Ecopetrol volverá a ser patrimonio de los colombianos.