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Reforma pensional contra los asalariados

El Congreso aprobó Acto Legislativo

El Congreso aprobó una reforma a la Constitución que nuevamente modifica el régimen de pensiones. Uribe había tratado, sin éxito, de sacarla adelante en el Referendo, y ahora lo logra con la ayuda de un legislativo arrodillado. Las reformas pensionales —tres en los últimos dos años— las ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, FMI, y se han convertido en un instrumento del gobierno para arrebatarle recursos a los trabajadores que luego se destinan al pago de la deuda externa. Las Leyes 797 y 860, ambas de 2003, elevaron el número de semanas cotizadas exigidas para poder jubilarse y redujeron el monto de las mesadas. El Acto Legislativo que acaba de aprobarse introdujo los siguientes cambios:
 
  • Elimina, a partir del 1° de agosto de 2010, los llamados regímenes especiales, es decir, algunas condiciones más favorables frente a la Ley 100, conseguidas con la lucha por los trabajadores de algunos sectores y que están consignadas en convenciones colectivas u otras normas.
  • Elimina la mesada 14. Los únicos que la recibirán, y únicamente hasta el 2011, serán los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos.
  • En adelante, las convenciones, pactos y laudos, no podrán modificar lo establecido en las leyes del Sistema General de Pensiones. Con esto, se abre un boquete para acabar con el sentido de la negociación de pliegos de peticiones y la firma de convenciones colectivas, que es, precisamente, mejorar para los trabajadores lo establecido en la ley.
  • Las pensiones no podrán superar los 25 salarios mínimos. Como era de esperarse, mientras golpeaban los derechos pensionales de los trabajadores, los congresistas establecieron la excepción para quienes al 31 de julio de este año hayan cotizado 750 semanas, lo cual los cubre principalmente a ellos, a altos funcionarios del gobierno y a los magistrados de las cortes.
  • El régimen de transición establecido en la Ley 100 se recortó de 2014 a 2010, lo que significa que 187.500 trabajadores que habían quedado excluidos de las reformas anteriores, pierden sus derechos.
Con esta reforma los trabajadores dejan de percibir 46,7 billones de pesos de aquí al 2050, algo más de un billón por año. Mientras tanto, crecen de manera exorbitante las sumas del presupuesto que se destinan al pago de la deuda externa; este año, por ejemplo, ese desangre equivale a 32,2 billones de pesos.