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La conspiración del gobernador Andrés González contra los hospitales públicos

Por Patricia García y Alfonso Hernández

El 11 noviembre, los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Zipaquirá iniciaron un paro general con el propósito de impedir la liquidación de la entidad. La inmensa mayoría del personal, con el apoyo de un nutrido grupo de usuarios, dio comienzo a la huelga en las horas de la madrugada y, exceptuando las urgencias, se suspendió la prestación de todos los servicios. Mientras que muchos funcionarios mantenían el control sobre las diferentes puertas de acceso, centenares marcharon a la Alcaldía municipal a entonar consignas contra la desalmada política de feriar las instituciones de salud. La erguida protesta se prolongó hasta el viernes 13. El gobernador Andrés González se negó al diálogo, obstinado en despedir a cerca de 400 empleados, entre médicos, enfermeras y administrativos, para posteriormente privatizar la entidad.

Por ahora, a pesar de la resistencia heroica de las bases el gobernador logró imponer su propósito —con la ayuda de los antimotines y del engaño—, y por el camino intermedio de entregarle el manejo de la entidad al Hospital de la Samaritana, al cual vienen otorgándole otra serie de centros de salud, con lo que se prepara su traslado masivo al control de los pulpos financieros del sector. Derrotar la medida no era una tarea fácil, habían pasado varios años en los cuales se lesionaron gravemente las condiciones laborales y del servicio sin que se diera una respuesta contundente. Sin embargo, durante casi cinco meses numerosos dirigentes de los barrios populares y de los municipios aledaños se pusieron en pie de lucha y el espíritu de pelea sindical renació entre los empleados del hospital. Se llegó a plantear la necesidad de realizar un paro cívico y es evidente que los ánimos están caldeados y que si se persiste en una política de seguir concientizando a los usuarios, y los empleados despliegan a fondo las iniciativas que tuvieron en los últimos meses, llegará un momento en que se presentarán las condiciones necesarias para revertir el nefasto proceso privatizador de la salud pública, pues ya el mandatario de Cundinamarca anunció medidas similares contra los hospitales de Fusagasugá, la Vega, Villeta, Guaduas y San Juan de Rioseco, entre otros.

El plan paso a paso

Con el afán de entregar el hospital a los buitres financieros, el gobernador Andrés González dice basarse en un “estudio” -Diseño y presentacion del proyecto de ajuste institucional de la ESE Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá. Orden de prestacion de servicios 107 de 2009. Contratista: Pablo Emilio Pérez González-, de esos de conclusión anticipada, que sólo encontró un argumento: los deudores no le pagan la cartera al San Juan de Dios y, por ello, hay que liquidarlo. La celada quedó en evidencia, pues los mayores deudores son la propia Gobernación, con más de dos mil millones de pesos, y las EPS, morosas con más de cinco mil millones.

Resalta cómo el documento sólo se ocupa de aspectos financieros y desdeña lo relacionado con la salud de la población. Lo primero que debería verse si se ha de hablar de eficiencia sería en qué medida ha mejorado o empeorado el perfil epidemiológico de los municipios atendidos, y cuáles son las causas de dichos cambios. Sin embargo, la mencionada investigación no hace ninguna referencia a este tema cardinal, sino que, en el marco ideológico de la Ley 100 y de las otras reformas mercantiles impuestas a la salud, se interesa únicamente por los índices financieros, la reducción de los costos y demás aspectos monetarios.

Sostiene, por ejemplo, que la cantidad de consultas por hora debe incrementarse y que hay que utilizar más intensamente las contratadas; que el servicio de urgencias presenta un porcentaje de ocupación bajo; que habría que contemplar incluso disminuir el número de camas y acelerar la rotación de los pacientes en ellas. A la vez, pide que estas sean atendidas por menos empleados. Considera que se ordenan demasiados exámenes de laboratorio, y que los hospitalizados permanecen mucho tiempo. En todo este afán de rentabilidad no hay una sola palabra concerniente a la dura carga a que se somete al personal médico, paramédico y administrativo, ni reflexión alguna acerca del detrimento del servicio que esto produce.

Ya en el año 2003 se había hecho una reestructuración, con similares propósitos, que representó el despido de cerca de 150 funcionarios. Las consecuencias han sido desastrosas: las terapias se atendían ocho horas al día, ahora, sólo cuatro; el número de consultas especializadas se redujo de casi 40 mil, en 2004, a 36.600, en 2008. En el informe se aduce que se aminoró la oferta del San Juan por causa de las dificultades de contratar personal altamente especializado (anestesiólogos, ginecobstetras, internistas, urólogos, dermatólogos, oftalmólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, radiólogos) y el alto costo de esta atención. Otros servicios, como la vacunación, las citologías y la odontología también han decaído, a causa de la competencia de las entidades privadas. En otras palabras, dichas reformas de disciplina de mercado han traído un deterioro sustancial de los servicios salud, a tal punto que se ha puesto en peligro la vida de muchos enfermos.

El real hallazgo aunque tratan de sesgarlo es que problema financiero que sí enfrenta es el de la cartera: las EPS y la Gobernación de Cundinamarca, en un contubernio de hecho, le deben al San Juan de Dios más de siete mil millones de pesos. Los hechos prueban que Andrés González urde una trama, pues no le paga al San Juan, para liquidarlo por no recuperar la cartera. Otro de los morosos, una EPS, se quedará con el negocio. Los mala paga deciden la suerte y hacen leña de una institución tan necesaria y útil a la comunidad.

Además, el mentado estudio muestra una negligencia enorme. Claramente, por cada peso que debe el hospital tiene un patrimonio de $2,38. Sin embargo, los autores concluyen, movidos por su obsesión privatizadora, que por cada peso que debe solamente tiene 42 centavos en respaldo patrimonial. Estos yerros los puede comprobar cualquier persona que tenga conocimientos de aritmética elemental.

¿Por qué el señor Andrés González se apoya en un informe tan mal elaborado? Lo que parece evidente es que el mandatario departamental no ha leído el estudio con el que pretende justificar la liquidación del San Juan de Dios. Esta deplorable medida no se basa en ningún análisis serio, sino en una política: la de entregar la salud a los comerciantes como un filón de lucro. Se trata no de una investigación sino del enmascaramiento de un interés. Ahora todo el que quiera ver entenderá que se maquina despedir a todos los trabajadores, contratar a los nuevos por salarios miserables y sin prestaciones y encarecer los servicios para engordar las cuentas de unos magnates. Esto es peor que Agro Ingreso Seguro, es Salud Ingreso Seguro.

Dado que los inversionistas exigen economías de escala, el hospital de Zipaquirá se convertirá en el “nodo de la zona norte de la sábana”, de tal manera que su potencial de clientes pasará de 350.000 a más de 650.000. Para facilitarle más las cosas al mayorista que sea escogido, Colsanitas o cualquiera otro, el municipio y la Gobernación le obsequiarán una edificación nueva; mientras que al San Juan le han negado los recursos hasta para las más elementales mejoras de infraestructura y equipo médico.

Con el propósito de apaciguar la resistencia de los zipaquireños, González y su séquito le entregaron provisionalmente el manejo de la salud de esa zona a la Samaritana; después, ésta venderá o cederá esos derechos, y la propia Samaritana ha de correr la misma suerte, la de la subasta.

Ya se están sintiendo las primeras consecuencias desastrosas. La Samaritana se ha dedicado a mejorar no la salud sino el negocio, en primer término aumentado la llamada productividad, es decir, la explotación de los trabajadores. A los empleados contratados directamente ya les aumentaron 4 horas de trabajo —pasaron de 176 horas mensuales a 180—, y les redujeron el tiempo para almorzar. A los enganchados por cooperativa les aumentaron 14, quedaron en 190 horas. Ya les están demorando el pago de los salarios, noviembre aún no se lo cancelan. Los nuevos administradores han creado un clima de acoso permanente, una agresividad constante, exigen agilizar aún más todos los procedimientos y maltratan sicológicamente a los empleados con la interinidad en los cargos, con el chantaje chantaje de la indefinición laboral que, entre otras cosas, busca que el personal desesperado renuncie y se meta a la cooperativa.
Como si fuera poco han rebajado la tabla salarial. Las auxiliares de enfermería, por ejemplo, ganaban en promedio con sus prestaciones entre $1.500.000 y $1.700.000, la cooperativa les ha ofrecido salarios “integrales” de 785.000, de los cuales deben aportar $35.000 a la cooperativa.

Y como era de esperarse, en tan pocos día ya ha desmejorado ostensiblemente la atención a los usuarios. Las citas con los especialistas son cada vez más espaciadas, la consulta externa está saturada, las filas son interminables y cada vez remiten más a los pacientes a Bogotá.

El gobernador González le ha aplicado a la salud los mismos brebajes dañinos que Uribe. La única solución estriba en que los trabajadores y los usuarios desdeñen los engaños y se decidan a continuar la lucha con aún mayor resolución.