Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Organicemos la batalla por la derogatoria de los decretos de Emergencia Social

Por Alfonso Hernández

Suele decirse que la confianza mata, y a Álvaro Uribe, el imbatible en las encuestas de opinión, un error garrafal de cálculo lo tiene bastante maltrecho. En medio de su trapicheo reeleccionista decidió colmar los apetitos de los dueños de las EPS, procediendo de manera inmisericorde a imponer a los colombianos el pago de sumas exorbitantes por la atención en salud que no esté incluida en el POS, a restringir éste aún más y a escarmentar a los médicos que osen dar prioridad a la salud de los pacientes sobre las cuentas avaras del “costo beneficio”.

El avezado intérprete del sentir nacional subestimó la inteligencia de la masa, y ha tenido que enfrentar la casi unánime indignación, que se ha expresado en los comentarios que hacen los lectores a los artículos de prensa, en las entrevistas callejeras y en algunas encuestas, es decir, en todos esos espacios marginales que nuestra democracia les deja a las mayorías. La voz de las organizaciones médicas y científicas ha contribuido a desnudar la naturaleza infame de las medidas y hasta las personas de lenguaje más comedido las han calificado de monstruosidad. Ya en facebook algunos profesionales de la medicina han llamado a movilizarse masivamente para dar al traste con ese engendro, sólo concebible por la mente del jefe de la Seguridad Democrática y las ávidas empresas promotoras de negocios en salud. Pero si al mandatario le faltó tino, le ha sobrado descaro. Él y su ministro de la Protección Social se han dedicado a afirmar que la gente no entiende los decretos —era lo que ellos esperaban—, a jurar que los textos no significan lo que está escrito, que quizás fueron mal redactados. Para colmo, el Presidente, ese Pilatos de la política nacional, hizo circular la especie de que él criticaba “el hecho de que una reforma llevada a cabo para recoger recursos para el sector, acabara tocando temas estructurales que requerían una discusión mucho más amplia”. El organizador de redes de informantes de mayores y de menores, el que chuza las conversaciones de Cortes, sindicalistas, funcionarios, y hasta de sus propios compinches, quien en los dilatados consejos comunitarios blasona de conocer lo que ocurre en cada municipio, nos quiere hacer creer que ignoraba el contenido de unas disposiciones que él mismo firmó y anunció como cuidadosamente preparadas para salvar las salud. Es la socorrida vía de escape del frentero mandatario. Ignoraba lo de Agro Ingreso Seguro, desconocía las andanzas de su primo Mario, no tenía noticia de las tropelías y el contubernio con los grupos paramilitares de sus parlamentarios uribistas de la U, Colombia Democrática, Colombia Viva y demás alzafuelles. Estaba en ayunas en lo concerniente a los contratos del Estado con los Nule y de los delitos de sus jefes del DAS.

Aparte de mentir, el gobierno se afana por neutralizar a las organizaciones médicas y científicas y redacta bosquejos de medidas reglamentarias que supuestamente desvirtuarán el espíritu de la norma reglamentada. Habla de cenáculos para introducir modificaciones; en fin, gana tiempo y enmienda la forma para mantener el fondo. A cada embuste lo complementa con otro más burdo. El más reciente de los cuales consiste en prometer que las sanciones a los médicos que formulen drogas extra POS deben ser “justas” e impuestas por sus colegas. Posiblemente encontrará en esos gremios algunas personas poco firmes o con inclinaciones proditorias. Nada de esto nos puede desviar del objetivo de hacer derogar los mencionados decretos.

El presidente muy probablemente contaba, y en esto acertó, con que las directivas de las centrales obreras y del Polo harían una oposición más de ademán que real y que, al fin y al cabo, dada la acefalía de la lucha popular, la malhadada reforma saldría avante.

Cierto que las directivas del partido de “oposición” y la cúpula sindical no se comprometerán en esta batalla. Como con el salario mínimo y las reformas laborales, clamarán porque se “concerte” con ellos, invocarán a la honorable Corte Constitucional y al todavía más honorable Congreso de la República, marcharán, tardíamente y sin brío, y pasarán enseguida a otros menesteres propios de su función de apuntaladores del régimen.

Lo que requiere la situación es algo muy distinto: que los sectores conscientes de nuestro pueblo se preparen para librar una lucha sostenida, encaminada a rendir la funesta política de mercadear de manera desalmada con la salud de los colombianos. Hay que constituir comités de defensa de la salud pública en ciudades y municipios, organismos que hagan suya la rabia y el rechazo de quienes sufren la desatención cotidiana y los atropellos de las EPS; que se dediquen a desenmascarar la política oficial, empezando por la propia Ley 100, y que encabecen resueltamente las marchas y protestas contra los decretos homicidas. En las gestas de los oprimidos se impone cumplir con dos exigencias: una es la oportunidad; hay que responder con la mayor prontitud a los desmanes y no esperar a que se haya enfriado la ira popular; la segunda, no se trata meramente de convocar una reunión o un desfile, sino de emprender y sostener una lucha consecuente y sistemática.