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A levantarse contra los decretos criminales de la Emergencia Social

Por Alfonso Hernández

El gobierno declaró, mediante el decreto 4975 del 29 de diciembre de 2009, la Emergencia Social para adoptar de manera expedita medidas que le permitan garantizar abultadas utilidades a las empresas que se lucran con el negocio de la salud. El interés principal consiste en encontrar un escape a las acciones de tutela que ordenan atender enfermedades excluidas de los Planes Obligatorios de Salud, POS. Para ello, el decreto 128 de 2010 determina que “las prestaciones excepcionales de salud” serán financiadas con los recursos del paciente. La draconiana disposición establece que: “La autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el Fonpres, Fondo Nacional de Prestaciones Excepcionales de Salud, procederá previa verificación de la capacidad real de pago del afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad, o en la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su ingreso y/o su capacidad patrimonial, entre otros criterios.” De tal manera que las viviendas, ahorros, cesantías y pensiones, no sólo del enfermo, sino también del grupo familiar, serán botín para los agiotistas de la salud. Para llevar a cabo el despojo cuentan con “los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos” que “reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago”. Preparándose para la gran rapiña, ya las EPS están convertidas en verdaderas para- registradurías, como las llamó una columnista de prensa, pues atesoran datos de cada uno de sus afiliados, con la complicidad del minprotección, no tanto para conocer el estado de salud, sino para calcular a cuánto puede llegar la exacción.

Además, se establecen sistemas de “crédito blando”, con los cuales quienes no cuenten con los recursos de manera inmediata, puedan cancelar los procedimientos al precio de someterse a la coyunda de una deuda enorme, que heredarían a los deudos, si la existencia no les alcanza para amortizarla. En adelante, gracias a la política social de Uribe, las familias pobres y de clase media enfrentarán el dilema de buscar cura a las dolencias de los familiares y enajenar los exiguos bienes o dejar morir a los seres queridos, sin alivio ni paliativos. En muchos casos, a la gente se le arrebatarán sus haberes y, por no ser el valor de éstos suficiente, tendrá que dejar los tratamientos inconclusos, y perder a manos de las EPS la bolsa y la vida.

Quienes por paupérrimos no luzcan atractivos a los dueños del macabro negocio, y clamen por subsidios al Fonpres, tendrán que “haber utilizado y agotado las posibilidades terapéuticas del Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud” y, luego, recurrir a los interminables trámites en procura de que dicho fondo y otros nuevos y viejos engendros burocráticos, después de esculcar meticulosamente los bolsillos del ya languideciente enfermo, le aprueben unos dineros que financiarían sólo “de manera subsidiaria” y “exclusivamente con los recursos que la ley haya destinado al Fonpres para tal efecto” y “siempre y cuando no se haya agotado la disponibilidad presupuestal anual”.

Será toda una suerte sobrevivir a semejante carrera de obstáculos. Quien logre tan “generosos beneficios” los recibirá al tiempo con la extremaunción o cuando los efectos y secuelas de la dolencia ya sean irreversibles.

Con el argumento de que: “El crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento generando un grave deterioro de la liquidez de los diferentes actores del Sistema, incluidas las entidades territoriales las cuales presentan un importante déficit de recursos”, se establecen sanciones pecuniarias a los galenos que ordenen tratamientos o receten medicinas no incluidas en los POS. Estos profesionales, a más de estar sujetos a los ínfimos salarios y al régimen de cooperativas, ahora sufren la amenaza de multas de entre 25 y 50 salarios mínimos mensuales o de penas de cárcel por casos de desatención de los que no son culpables.

Al pretender explicar tan extravagantes medidas, el ministro Palacio dijo que el gobierno, siempre tan respetuoso del ordenamiento jurídico y de las Cortes, no se propone modificar o afectar las acciones de tutela con las que se reclama atención médica. Está claro, señor protector social, que nadie acudirá a tutela alguna, y que, por el contrario, habrá que sobrellevar con estoicismo y en completo secreto los males, del cuerpo y de la psiquis, para evitar que las aves de rapiña de las EPS se abalancen y arrojen a la quiebra a quien ya padece los quebrantos de salud.

El régimen ha anunciado que procederá a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional y unificará los POS subsidiado y contributivo, de tal manera que: “priorizará la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y la odontología general”. Como es claro, el POS se nivelará por lo bajo, y se concentrará en la medicina general. Para no dejar dudas, el decreto agrega: “Se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con la evidencia y costo efectividad que así lo aconseje.” Prácticamente, anticipa la eliminación de los tratamientos especializados o complejos.

Así les abre paso a los planes de salud prepagados, seguros médicos y toda otra forma de tráfico. Es decir, que si alguien necesita algo más que ibuprofeno, que se adquiere a precio de oro ya que es lo único que se consigue con las cotizaciones mensuales, bonos y copagos, ha de abonar sumas ingentes por esa atención adicional.

Algunas personas han afirmado que la reforma al sistema de la salud contenida en los decretos de Emergencia Social corresponde a una improvisación. Se equivocan rotundamente: es un complot largamente premeditado para satisfacer las demandas de ACEMI, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. El presidente de este cartel, Manuel Díaz-Granados, con mal disimulada codicia, manifestó sobre ellos que: “Nos parecen muy importantes, generan ingresos para el sistema de salud, adopta medidas para racionalizar el gasto, establece normas para definir el POS, incentiva la medicina prepagada y los planes de las EPS para que la gente adquiera ese tipo de planes, hace reingeniería al régimen subsidiado para facilitar su operación y modernizarlo lo cual es fundamental para consolidar la universalidad de la salud.” No hay mejor explicación de dichas medidas que la que da quien le ordenó a Uribe promulgarlas. En pocas palabras, los dueños de las EPS contarán con muchos millones más, podrán racionalizar, o reducir el gasto, empeorando el servicio; dada la precariedad del POS, venderán muchos planes de medicina prepagada y lograrán que el sistema de salud se universalice, con lo cual todo colombiano quedará tributándoles a estos agiotistas. Desde luego, los señores de ACEMI tienen otros asuntos “de detalle” para exigir, por ejemplo, un mejor tratamiento tributario, que les paguen más por capitación, medidas de control más estrictas para que nadie evada las cotizaciones y, claro, quieren otras fuentes de financiación ¡Estos usureros son realmente insaciables!

Para financiar el Fonpres y los demás organismos de ese tipo, Uribe incrementó los impuestos a la cerveza y a los juegos de azar, alegando que las entidades territoriales no disponen de los dineros suficientes para sufragar los gastos de salud; es bueno recordar que tanto el gobierno de Pastrana, con su ministro Santos, como el de Uribe, redujeron las transferencias de la nación a los departamentos y municipios, transferencias cuyo destino eran la salud y la educación. Rebajadas estas partidas, se procede, entonces, a alzar los tributos, de nuevo, porque para las necesidades primordiales del país y del pueblo nunca hay presupuesto, pero sí que lo hay en abundancia para los potentados, como lo demuestra el que a los grandes consorcios económicos se les exonera de impuestos, en un monto que alcanzó los 10 billones de pesos, entre 2004 y 2008, teniendo en cuenta únicamente las exenciones por reinversión de utilidades, según el ex director de la DIAN, Horacio Ayala.

Los señores Uribe y Palacio quieren distraer la atención pública con declaraciones sobre la cobertura universal en salud, la equidad de los regímenes contributivo y subsidiado y con investigaciones exhaustivas y medidas severas contra el paseo de la muerte. Por su puesto, el presidente de Agro Ingreso Seguro, el padre amantísimo que enriquece a sus hijos con disposiciones sobre zonas francas, el pulquérrimo hombre de los sobornos a Yidis y a Teodolindo y subastador de notarías, el cabecilla de los parapolíticos y paramilitares, anuncia sanciones drásticas contra la corrupción en el área de la salud. Pero dejando a un lado la credibilidad que pueda merecer la palabra de gentes con semejante prontuario, hay que anotar que el problema de la salud deriva de la estructura misma del sistema, diseñado para producir ganancias a unos pocos a costa del bienestar de las mayorías. Lo corrupto es el régimen mismo, no solamente uno que otro funcionario. El paseo de la muerte se hará más cotidiano, ya que las enmiendas están encaminadas a obstaculizar la atención con barreras económicas. Ahora no habrá solamente paseo, sino también atraco de la muerte.

Hay que ver al mandatario de la Seguridad Democrática rasgándose las vestiduras porque el gobierno de Venezuela expropió a unos especuladores internacionales, a quienes sorprendió trepando los precios de los artículos de consumo; Uribe, por el contrario, allana el camino para la incautación de los bienes de millones de seres por parte de los linces de las finanzas. Nuestro muy cristiano y devoto ocupante del solio de Bolívar ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Los alcabaleros de la Colonia, los Francisco Gutiérrez de Piñeres nunca llegaron a ser tan aviesos y voraces como Álvaro Uribe, la pandilla de Acemi y sus congéneres. Aquellos recibieron una lección de la gente del común y, en 1810 tuvieron que enfrentar el comienzo de la Revolución de Independencia. No se trata de limitarse a pronunciar y escuchar discursos parlamentarios, más electorales que de resuelta condena, del partido Liberal y del Polo, en los que se anuncian votos de censura a miembros del gabinete y en cuyas sesiones los miembros de la leal oposición a su majestad se dividen la pantomima: unos parlan y otros ni siquiera llegan a votar para defenestrar al ministro abusivo. Tampoco hay que confiarse en el cuento sempiterno del “paro cívico nacional”, que no pasa de una marcha, con la que los jefes de las centrales obreras postergan y apaciguan toda indignación popular. Hay que empezar a celebrar el Bicentenario siguiendo el ejemplo de Manuela Beltrán: rompamos, en parques y plazas públicas, los textos de las ominosas disposiciones y hagamos hogueras con ellos al grito de Abajo el tiranuelo, muera el mal gobierno, Abajo los decretos homicidas. Promovamos el levantamiento del Común contra la bellaquería uribista.