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Los trabajadores y el pueblo de Zipaquirá y otros municipios luchan contra la privatización del Hospital San Juan de Dios

Por Patricia García

El pasado 9 de mayo, en el Consejo comunitario celebrado en Zipaquirá, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, anunció la construcción de un nuevo hospital de 3º y 4º nivel de complejidad, simultáneamente advirtió que el San Juan de Dios, que por cerca de 130 años ha prestado importantes servicios de salud al pueblo será "reestructurado" por tercera vez. Pocos días después, el gerente, Jorge Eliecer Conde, convocó a una asamblea con el mismo objetivo, lo que prendió las alarmas entre la comunidad y los trabajadores de esta institución, que entendieron que detrás de la aparentemente benéfica obra se escondía la privatización y, por lo tanto, el encarecimiento de los servicios, y el arrasamiento de los derechos laborales de la actual planta de personal.

Supresión de la salud para el pueblo

A pesar de ser Zipaquirá una de las ciudades más importantes del departamento, con una población de 130 mil habitantes y cabecera de otros municipios como Cogua, Ubaté, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, el gobierno premeditadamente ha venido desmejorando los servicios del hospital y reduciendo el personal. Situación que se agrava por los incumplimientos en los pagos de varias de las EPS que contratan con él, entre las que se encuentran, Humana Vivir, Convida, Caprecom, Colsalud, Cafam, Nueva Eps, Famisanar. Humana Vivir, por ejemplo, tiene una deuda gigantesca con la entidad y, en vez de pagarla, la utiliza como chantaje para que le renueven el contrato.

Por otra parte, en una actitud imperdonable, se clausuraron los convenios entre el municipio y el hospital, mediante los cuales se tenían al servicio de la comunidad nueve puestos de salud en sectores populares: Bolívar 83, Primero de Mayo, San Miguel, La Paz, Empalizado, Páramo de Guerrero, San Isidro y Rio Frio, puestos que prestaban atención y prevención; también había un puesto móvil que ahora lo utilizan para el "embellecimiento" del Municipio.

Todas estas desmejoras, más el deterioro de las instalaciones, causadas por la propia indolencia del gobierno, es lo que esgrimen para "reestructurar" la entidad y reemplazarla por una nueva, cuyo manejo estará a cargo de algún gran negociante de la salud, como Colsanitas u otro, con lo cual el servicio social que hasta ahora prestaba la entidad se acabará, en aras de las ganancias de tales traficantes, que empezarán a cobrar a precios inalcanzables los servicios, mientras al personal médico, de enfermería, bacteriólogía, de radiología, de administración, de servicios generales se le empeorará todavía más su situación; lo mismo que ha sucedido en los últimos años con la red hospitalaria pública a lo largo y ancho de Colombia.

Masacre laboral

En 2003, ya el gobernador Pablo Ardila, y el gerente, Víctor Vélez, habían hecho una "reestructuración": botaron alrededor de 250 trabajadores directos y consolidaron las Cooperativas de Trabajo Asociado, de las cuales hoy existen tres, que enganchan en total 280 empleados; Corhumanos, la más grande, maneja buena parte del personal médico y de enfermería, y las otras, servicios generales y mantenimiento. Hay 206 trabajadores directos que llevan entre 15 y 35 años al servicio de esta institución.

La política de Ardila significó una masacre laboral: a más de 100 provisionales les quitaron la prima de antigüedad o quinquenio; acabaron con la entrega de dotaciones, que ahora deben comprarla de su propio bolsillo, con un costo de entre $170 mil y $200 mil. Además, a la mayoría se les suprimió una bonificación por servicios prestados, que consistía en que por cada nuevo año se tenía derecho a un porcentaje sobre el salario; también les quitaron los viáticos a las personas que tenían que salir a realizar servicios de prevención a otros pueblos; de los 17 días hábiles de vacaciones que tenían les quitaron dos; recortaron para el personal de planta los dominicales, los nocturnos y los festivos, y los han ido reemplazando por personal de cooperativa que sale más barato.

La recarga laboral es abrumadora. En consulta externa dos trabajadoras tienen que atender dos o tres servicios al mismo tiempo, y si una se enferma, se incapacita o sacan a la otra compañera, la que queda sola tiene que cubrir todo el servicio, o sea, atender dos o tres consultorios. Los trabajadores que están en pre consulta médica muchas veces tienen que pasar hasta ochenta o noventa consultas en el día. En el área asistencial también han ido aumentando la carga. En la administrativa, las secretarias y los trabajadores de estadística y facturación no tienen descanso. Quienes laboran en ventanillas facturando —todos por contrato—, tienen que estar dando citas de la mañana a la noche, no tienen su hora de almuerzo sino que se ven obligados a sacar un campo rápidamente a cualquier momento; después de que terminan tienen que organizar las facturas y entregar cuentas. En estadística el trabajo se ha aumentado porque llegaron más médicos generales y especialistas, pero no se aumentaron ni las enfermeras ni los auxiliares, que llevan parcialmente este trabajo.

A la gerencia no le preocupan las consecuencias de este régimen laboral. Los empleados han adquirido diversas enfermedades profesionales que, paradójicamente, tratándose de centros de salud, no reciben atención. En el área asistencial se padecen problemas lumbares y de columna, en muchos casos por falta de los equipos apropiados para movilizar los pacientes; quienes trabajan con computadores sufren problemas visuales; abundan las enfermedades dermatológicas por el manejo de pacientes y de algunos elementos. Cargar gran cantidad de historias clínicas de consultorio en consultorio, ya que hay médicos que ven hasta 36 pacientes al día, aparte de organizar los consultorios para que no falte nada en ninguno, transportar las camillas de un consultorio a otro, originan lumbalgias mecánicas, problemas de rodillas, estrés. Los turnos son de hasta 12 horas y para los de contrato aún más largos.

En las salas, en el servicio de medicina interna, que por lo general siempre está lleno de pacientes, con el mínimo de personal toca atender inagotables labores. Estar pendientes de la situación física de los pacientes, de las novedades, de los exámenes, de las remisiones, de los medicamentos, del control de los signos vitales, de ayudar a alimentarlos cuando son pacientes discapacitados o de avanzada edad, de arreglarles las camas, de ayudarles a ir al baño, de sentar en la historia la evolución durante el respectivo turno, de revisar dichas historias y solicitar las medicinas, de tomar órdenes de laboratorio, de ver que se realicen las radiografías y ecografías, de acompañar en la ambulancia cuando hay remisiones y no están los auxiliares de ambulancia que son solamente dos; además, suplir las ausencias de los familiares de los pacientes en labores como pasarlos al baño o bañarlos en la cama, ayudarles a mudarse o a comer, y apoyar a los familiares en los casos de gravedad y en los eventuales fallecimientos. Además, mantener higiénicos los servicios y los elementos, y organizados el botiquín y toda clase de instrumentos. En la noche la carga es aún mayor por que hay menos personal. Aparte de todo, soportar la razonable incomprensión de los allegados de los enfermos por la lentitud de los procedimientos debido a las penurias presupuestales. Esta situación se agrava todavía más con la reciente suspensión del área de internos de las facultades de medicina —cuyo apoyo era indispensable para los médicos de planta con pacientes complicados, en las urgencias, en los casos graves—, dizque por no haber sitio adecuado para su vivienda, cuando años atrás siempre hubo donde acomodarlos.
Para los de cooperativa las condiciones son aún más oprobiosas: les exigen horarios flexibles que se acomoden al ritmo de trabajo, que laboren más de las ocho horas sin que esto les genere recargos, y si protestan los amenazan diciéndoles que hay más gente afuera para trabajar. Estos 280 trabajadores de cooperativa teniendo la mayoría sueldos que no ascienden ni a un mínimo y medio, que los gerentes llaman integral, no devengan recargos en los dominicales y festivos, no les dan dotación, no tienen estabilidad laboral, muchos tienen contrato de medio tiempo, no les pagan puntualmente, no tienen derecho a cesantías, ni a vacaciones, ni a nada. Como gran cosa, después de haberles violado todos los derechos, cuando cumplen su contrato se les "premia" con miserables 60.000 mil pesos.

Los trabajadores y el pueblo inician la batalla

El anuncio del gobernador y la calamitosa situación descrita anteriormente condujeron a la gestación de un promisorio movimiento de masas alrededor de la defensa del San Juan de Dios, la salud pública y los derechos de los empleados. El pasado sábado 25 de julio se llevo a cabo en Zipaquirá el Primer Foro Regional Pro Defensa de la Salud Pública, con la participación de más de 300 personas de diferentes municipios, entre ellas, personeros, alcaldes, ex alcaldes, concejales, dirigentes cívicos y comunales. Esta tarea se llevó a cabo gracias a la labor del Comité Pro Defensa de la Salud Pública, constituido en Zipaquirá y que lo integran los sindicatos del hospital Sindess y Anthoc, dirigentes Comunales, la Asociación de Usuarios, Pastoral de los Trabajadores, Organizaciones Cívicas, INS y Untraflores.

El foro se desarrollo en un ambiente de preocupación pero de unidad y combatividad de la mayoría de los participantes y de rechazo a las nefastas políticas de Uribe y el gobernador, quien había empeñado su palabra de defender la salud pública, por lo cual muchos votaron por él, incluidos los trabajadores hospitalarios.

El Foro demostró que los habitantes del común, los trabajadores del San Juan de Dios y de los centros de salud de las otras localidades y algunos dirigentes cívicos y políticos, están dispuestos a unirse para decirle al gobierno: no más privatizaciones, ni reestructuraciones, ni despidos, ni cooperativas de trabajo asociado, ni más negación del derecho a la salud, ni más paseo de la muerte, ni más demoras de las EPS para pagarles los servicios a los hospitales del Estado. No más a que la salud siga siendo un negocio para enriquecer a los monopolios privados.
En medio del apoyo y el entusiasmo generalizados se aprobaron las siguientes conclusiones:

  1. 1. Ampliar el Comité Cívico Pro defensa de la Salud Pública de Zipaquirá.
  2. Crear comités en cada uno de los municipios del departamento donde estén afectados los hospitales y la población por estas medidas del gobierno.
  3. Crear un Comité Departamental Pro Defensa de la Salud Pública, con el propósito de enfrentar unificadamente la problemática.
  4. Plantear el problema en la Asamblea Departamental.
  5. Hacer una gran movilización hacia a la Gobernación de Cundinamarca
  6. Impulsar la realización de un paro Paro Cívico.