Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Los galanteos del santismo derriten a la jefatura sindical

La Unidad Nacional de Santos, como era de esperarse, aspira abarcar también al obrerismo; empeño para el cual ha contado con la endeblez de las cúpulas del movimiento sindical, seducidas por los cantos de sirena del curtido esquirol Angelino Garzón quien, a las primeras de cambio y sin mayores esfuerzos, alineó en las huestes santistas al señor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, asiduo visitante y “consejero” de la casa de Nariño durante el mandato anterior; conspicuo vocero, hasta la víspera, de la Gran Coalición Democrática; asesor laboral del candidato del Polo, Gustavo Petro; y representante de Colombia, por delegación de la CUT y la CTC, ante el flamante Consejo de Administración de la OIT.

A avalar el “nuevo amanecer” —según lo proclamó doña Clara López, presidenta del PDA—, fruto del advenimiento del más sobresaliente funcionario del mandato uribista, se han sumado no únicamente aquellos trajinados alcahuetes de las políticas anti obreras y los “reformadores sindicales” encuevados en la Escuela Nacional Sindical, sino también los demás miembros de la Gran Coalición, incluida la CUT, en manos del “sector clasista”, pasando por Fecode, el sindicato más grande del país, quienes entre disimulos y carantoñas, se esmeran por agradar al sobrino nieto de Eduardo Santos.

La federación de los educadores escogió un curioso camino para notificarle su compás de espera al principal artífice del acto legislativo 01 de 2001, que les cercenó a las regiones las trasferencias de los recursos corrientes de la nación para educación y salud, medida que desató una memorable batalla del magisterio, el estudiantado y los padres de familia. Fecode convocó para el pasado 4 de agosto una jornada nacional de protesta contra los efectos del decreto 1278 de 2002 y “la política pública uribista denominada “Revolución Educativa”. Vale recordar que dicho decreto fue expedido por el ex presidente Pastrana y sus ministros de Hacienda y Educación, Juan Manuel Santos y Rodrigo Lloreda, respectivamente, cuando, luego de las jornadas de 2001, los jefes magisteriales se dieron a renegar de la portentosa movilización y a pregonar que habría sido mejor aplicar una “táctica inteligente”, es decir, claudicar del objetivo de la lucha y entrar en entendederas con el gobierno, como en efecto lo hicieron con la ley 715 de ese mismo año, cocinada entre Santos y Jaime Dussán, y que sirvió de base para todos los atentados subsiguientes contra los educadores, so pretexto de los cuales se citó la protesta del 4 de agosto.

Encierra, entonces, una felonía mayúscula que tal convocatoria no advirtiera ni de soslayo sobre la naturaleza del gobernante que se posesionaría tres días después, el mismo personaje nefasto que luego de aprobada la enmienda constitucional de 2001 saliera desafiante a los balcones del capitolio a provocar a miles de indignados maestros haciendo la v de la victoria. Por el contrario, al final de la huidiza citación —que más que irritada despedida a Uribe era una dulzona bienvenida a Santos—, Fecode invita al presidente electo “a entablar un diálogo franco y abierto, de cara al país, con la Federación Colombiana de Educadores sobre los principales problemas que aquejan a la educación y los maestros”, con lo que de manera abyecta esparce ilusiones en el gobierno de uno de los peores enemigos de la educación pública y de los derechos de los educadores en el último decenio[1] .

Por su parte, la CUT, el pasado 10 de agosto, emitió una declaración frente al nuevo gobierno, en la que comedidamente expresa su preocupación porque “el equipo ministerial en la mayoría vienen del sector empresarial y formaron (sic) parte del anterior gobierno” y “sus pronunciamientos sobre los temas laborales, económicos y sociales, continúan en la misma proyección del gobierno anterior”. Frente a ello, “plantea la necesidad de exigir un diálogo útil y directo en el marco institucional, para abordar los principales problemas de los trabajadores”: la “tercerización”; el desempleo; el cumplimiento de los convenios de la OIT sobre derecho de asociación, negociación colectiva y huelga; el recorte de las regalías; la supresión de los parafiscales y la imposición de la denominada regla fiscal; los nuevos recortes a la salud y las pensiones y la violencia antisindical. Luego avisa que “la CUT presentará al Gobierno Nacional, en el marco de las relaciones institucionales, la propuesta de una agenda laboral y social, que mediante el diálogo resuelva los desatendidos reclamos de los trabajadores.” Anuncio mondo y lirondo de que por enésima ocasión las reivindicaciones proletarias se van a sacrificar en el altar de la concertación, de las eternas agendas dialogantes, cuyo objetivo no es otro que el de distraer y apaciguar a las masas.

Unos días después, el 19 de agosto, la Central Unitaria expidió otro comunicado, esta vez con relación a las propuestas oficiales de “generación de empleo” con base en una nueva reforma laboral. En el reconviene al prohombre de los falsos positivos por su pretensión de crear 2 millones 500 mil puestos de trabajo, ya que lo que importa no son los empleos sino su calidad —con lo que sin beneficio de inventario, una vez más, los voceros de la confederación concluyen que, en efecto, las enmiendas de las leyes del trabajo se inspiran en el sano propósito de combatir el desempleo—. Además, coincidiendo con las propuestas del régimen y con la monserga de los organismos internacionales de crédito, claman que se les dé impulso a las microempresas “porque este tipo de compañías, son las únicas que pueden elevar su planta de trabajadores”. Fórmula nefanda que a la postre termina por confinar por siempre en el atraso y la miseria a las naciones que la acojan. Salta a la vista que hoy más que nunca con la enorme escala que a los procesos productivos les ha impreso la globalización, los pequeños “emprendimientos” no tienen ni la más remota posibilidad de competir y desarrollarse, y si acaso sobreviven lo hacen ya sea realizando faenas marginales como satélites de las firmas más grandes, a las que les resulta rentable subcontratar ciertas partes de la producción, o como intermediarios a riesgo propio de la venta de servicios, labores en las que lo constante son los ínfimos ingresos, las largas jornadas, y en las que, cuando hay lugar a la utilización de mano de obra, más allá de la de la propia familia, los salarios y las condiciones de trabajo tienden a ser poco más que degradantes. A pesar de estas evidencias, los sindicalistas no se percatan de que levantar a la vez las consignas del fomento a los micro negocios y el llamado trabajo “decente” entraña la más enrevesada de las contradicciones. No debe soslayarse tampoco que tras los programas de formalización de los pequeños comercios, los barrios “subnormales”, las industrias caseras, se esconden las fauces de los linces financieros que se relamen por someter a su égida toda actividad por minúscula que parezca: ellos sabrán cómo exprimirla; ahí están para probarlo los premios Nobel de Economía otorgados a los ideólogos del microcrédito. También acechan a los pequeños empresarios los Estados impelidos a buscar nuevas fuentes de recursos para suplir los fondos que se pierden por las laxitudes fiscales con los grandes emporios. Para los oportunistas resulta muy a propósito volverse pregoneros de estas baratijas pues ello les permite escurrirle el bulto a la verdad de a puño de que no puede haber desarrollo, empleo ni bienestar si no se propugnan cambios radicales, que al menos comiencen por la nacionalización sin indemnización de los renglones estratégicos, empezando por la banca, la gran industria y el gran comercio, las comunicaciones y demás servicios públicos, el transporte, y en general todos aquellos que son determinantes para la prosperidad de la nación y la buena ventura de sus pobladores. Una cosa es respaldar los reclamos de los pequeños y medianos productores, lo cual es un deber elemental para las fuerzas y personas progresistas que, además, redunda en la unidad de los oprimidos, y otra muy distinta dejarse embaucar por las fábulas de los explotadores.

Para cerrar con broche de oro su proyecto la CUT advierte que “en caso de seguir con un desempleo relativamente alto, se verán afectados los fondos de pensiones porque menos personas cotizarán para cesantías y pensiones, lo cual generará una crisis en estas entidades, situación que ha sido manifestada al gobierno nacional por la CUT y el sistema financiero.” Los adalides de los asalariados terminan así de voceros oficiosos de los agiotistas, quienes se encuentran entre los primeros causantes de las altas tasas de desocupación que padece la sociedad.

Los clasistas dirigentes de la central mayoritaria ya habían hecho una más detallada propuesta al respecto a mediados del año anterior en la que no se ahorraron ninguna de las viejas cantinelas reformistas y algunas nuevas: el respetuoso pedido a los pulpos de las finanzas para que se dignen bajar unos puntos las tasas de intermediación; la disminución del IVA, no su abolición de los productos de consumo de las masas populares; la solicitud al gobierno para que los fondos de pensiones participen en la financiación de obras públicas —algo que ya están haciendo sin la acción diligente de los sindicalistas con su participación en las grandes concesiones que desangran el Erario—; Pero lo más importante de tal plan era exhortar a empresarios y gobierno a “diseñar planes concertados con las organizaciones sindicales para impedir la pérdida de empleos”, es decir, el oblicuo ofrecimiento de sacrificar los exiguos logros extralegales; y por si algo faltara “reducir la jornada de trabajo a 40 horas sin disminución del salario y eliminar transitoriamente el trabajo en horas extras”, ya que ante la necesidad de generar empleo “no tiene presentación la jornada de 48 horas ni tampoco el trabajo en horas extras.” Concluía la propuesta con un sucinto acápite sobre “el papel de los sindicatos y los trabajadores”, en el que ofrecen “apoyo al mejoramiento de los indicadores de las empresas a cambio de mantener las nóminas y de los derechos de libertad sindical”. Se necesita un gran desconocimiento de la situación de los trabajadores y un deseo irrefrenable de complacer a la patronal, cuando antes que incitar a la lucha por el alza de la paga, se proponen medidas astutas, como la supresión de las extras, que a la postre empeoran la vida de los obreros. Tanta palabrería apenas recubre el evidente mensaje que los ejecutivos de la central querían dejarles al gobierno y al empresariado: el de su disposición a apoyar la mejora de los indicadores, a apuntalar la sobreexplotación del trabajo y la supresión de derechos.

En uno de los paradójicos desarrollos de la unidad nacional, Santos decidió robarles los programas a sus adversarios electorales, uno de ellos, la llamada reforma del primer empleo ideada por Rafael Pardo, el deslustrado candidato del Partido Liberal, propuesta que, además de lo tomado por Santos hasta ahora, contemplaba también una disminución del salario mínimo; no obstante, la CUT había invitado a votar en los comicios del 30 de mayo, por cualquiera de los dos candidatos de la “oposición democrática”: Gustavo Petro o el ex ministro de Defensa de César Gaviria, y todo en medio de las más acaloradas imprecaciones al “modelo” neoliberal. Desde luego, el proyecto de reforma, ya presentado al Congreso, se traducirá no en nuevas plazas sino en una generalizada abrogación de los parafiscales, que más temprano que tarde redundará en un todavía mayor deterioro del Sena, las Cajas de Compensación, y el Instituto de Bienestar Familiar y en nuevas reformas que cargarán con crecientes tributos los míseros consumos de la pobrería, además del aumento de otros impuestos como las retenciones a los salarios, el predial, la valorización. No puede ser distinto el resultado de un plan que prohíja también exoneraciones a los capitalistas en el impuesto de renta; en el de industria y comercio; en la renta presuntiva; en los aportes de solidaridad patronal al Fosyga y al Fondo de Pensión Mínima; que permite un todavía mayor enganche de aprendices, desprovistos ya de toda clase de derechos desde la ley 789 de Uribe; que permite reducir las vacaciones; y facilita aún más la liquidación arbitraria de sociedades, entre otras gabelas, de las que sabrán lucrarse los magnates, aunque estos y el gobierno se empeñen en pregonar que los beneficiarios serán las llamadas pymes, y los pobres, porque accederán al empleo[2] . Ante tantas y tan nuevas ventajas, produce indignación la alharaca sobre el indecible y patriótico servicio prestado a la causa del empleo por los gremios de la oligarquía al propiciar el desmonte de la deducción del impuesto de renta de las inversiones en bienes de capital, de la cual, por demás, continuarán sirviéndose hasta el año 2017.

Sobra decir que los demás integrantes de la “institucionalidad” obrera también se han prosternado ante el recién instalado gobernante. La célebre Escuela Nacional Sindical ya se pronunció por intermedio del reformador señor Sanín, quien refiriéndose al proyecto de ley de formalización y primer empleo señaló que su presentación “genera una buena señal desde el nuevo gobierno, que parece estar dispuesto a darle (sic) prioridad a los temas de empleo, cumpliendo así los compromisos de campaña”; perora que el plan parte de “un diagnóstico correcto”; que “igualmente son plausibles tanto su enfoque como su justificación: impulsar la formalización empresarial contribuye a superar la informalidad laboral, y estos dos fenómenos están directamente relacionados con la pobreza y la desigualdad.” Obviamente, Sanín también expresa, como la CUT, sus sentidas preocupaciones, primerísimamente, porque no se haya “concertado” con los sindicatos en el idóneo escenario de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En cuanto a la CGT y la CTC, la primera emitió una declaración exultante cuyo párrafo inicial reza: “Sin que haya transcurrido la primera semana del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, ya el país ha observado el ritmo en cuanto al cumplimiento de compromisos adquiridos en la búsqueda de soluciones a tantos problemas que nos impactan.” Luego pasa a enumerar las promesas y primeras actuaciones del nuevo mandatario y hasta desliza elogios a algunas realizaciones de la administración Uribe, y concluye: “Si se nos abren las oportunidades, llegó la hora de involucrarnos en las decisiones. Vemos que en el centro de ese discurso [el de Santos] pueden explorarse posibilidades para el surgimiento de alternativas en redistribución de ingresos y en mejorar el sistema de solución de conflictos (...) frases como trabajo, trabajo y más trabajo, abren expectativas para pensar en el Estatuto del Trabajo, en mayores libertades sindicales y por empleos decentes (…) El empleo está en primer orden en la agenda de este gobierno, según lo expresado por el primer mandatario, y la CGT ya ha expuesto ideas para el trabajo decente (…) En un gobierno de unidad nacional, estos postulados deben abrirse paso porque la unidad no es neutralización ni desaparición de luchas reivindicativas, ni clamar en el desierto.”

Por su lado la CTC a través de su presidente, Miguel Morantes, declaró que “al nuevo gobierno lo estaremos apoyando en aquellos aspectos que sean positivos para los trabajadores”; se congratula de coincidir con Santos en cuanto a que “la pobreza es el principal problema de los colombianos, y en ese sentido lo que se necesita es que haya más empleo, menos informalidad y rebusque. Para eso contará con el concurso de la CTC.” Señala que las medidas para formalizar el empleo constituyen “una importantísima iniciativa”, finalmente pide que se establezca el Estatuto del Trabajo “pero de una manera concertada, apoyada en el diálogo social útil.”

Los anteriores botones bastan para mostrar cómo, antes que dilucidar las medidas antinacionales y antipopulares que hacen del nuevo amanecer del santismo la más oscura y tenebrosa noche, los encumbrados líderes de los braceros han llegado a extremos impensables de claudicación. Claro que no demorarán en convocar alguna jornada de protesta o incluso otro “paro cívico”, con el aleve propósito de engañar a los obreros; empero, no cabe duda de que el establecimiento sindical pugna por sobresalir como uno de los confalonieros de la Unidad Nacional.

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Hacia finales de los años sesentas y comienzos de los setentas del siglo pasado se forjó en Colombia una corriente del sindicalismo que levantó consecuentemente la bandera de la unidad de la clase obrera en pos de la lucha por desuncir a Colombia de la coyunda imperialista norteamericana y de las clases y partidos políticos apátridas que pelechaban al socaire de esa dominación; lo primero que lograron esclarecer los portavoces de la nueva tendencia fue que para abrirle paso a una verdadera unidad de la clase obrera era condición sine qua non derrotar y aislar a las camarillas vende obreras de la UTC y la CTC, que por esas calendas medraban a costa de los trabajadores organizados. Fruto de la enconada contienda dichas centrales sindicales, que hacían de quintacolumnistas de la gran burguesía y el imperialismo en el seno del movimiento obrero, terminaron por disolverse o reducirse a su mínima expresión, dándole paso a amplias expresiones independientes y revolucionarias del sindicalismo. Hoy, casi medio siglo después de aquellos episodios, las bases proletarias deberán retomar sus enseñanzas y pugnar por remover las sedicentes cúpulas “democráticas” y “clasistas” del sindicalismo, entregadas a la contemporización con los enemigos de los asalariados. Sólo así éstos podrán enfrentar con probabilidades de éxito la redoblada embestida de los explotadores, que bajo el estandarte de la globalización ha arrasado en escasas dos décadas con las conquistas económicas y políticas logradas en una centuria de heroico batallar.


[1] En las circulares emitidas para orientar la manifestación se recababa en que entre los puntos y consignas a agitar se debía: “Manifestar la voluntad expresada por FECODE de implementar los caminos del diálogo y negociación con el Gobierno, para buscar soluciones a los graves problemas que aquejan a la educación y los derechos de los educadores colombianos.”

[2] Para poner apenas un ejemplo, a las firmas les quedará expedito el camino para hacerse a todas estas franquicias, sin ampliar en una sola persona la planta de personal, simplemente convirtiendo en empleados directos a la cantidad que consideren conveniente de trabajadores de su inmensa nómina actual de subcontratados a través de empresas de servicios temporales o de cooperativas de trabajo asociado.