Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Con Santos, el sol ha vuelto a brillar, dice la CUT

Por Alejandro Torres

El pasado 24 de agosto, la central mayoritaria le dirigió una misiva al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. “La CUT ve con preocupación los anuncios hechos por usted y por los miembros de su gabinete”, dijo, entre otras cosas, sobre el énfasis del gobierno en la gran minería, los agro combustibles, los TLC, la austeridad fiscal, el recorte de las regalías, la modificación de los parafiscales y la flexibilización laboral; anunció su oposición “al continuismo de tales políticas”, lo mismo que a las diligencias que el vicepresidente “adelantó para el anterior gobierno” a fin de mejorar la calificación de este ante la OIT; y presentó, “dentro del marco de la Constitución y las leyes”, un “pliego de exigencias”, sobre creación de empleo, eliminación de la subcontratación, estabilidad laboral, derogatoria de la ley 100, atención a las exigencias del magisterio, cumplimiento y ratificación de convenios de la OIT, garantías para el ejercicio sindical y protección a los sindicalistas, y “compromiso del gobierno de reconocer al movimiento sindical como interlocutor de los trabajadores colombianos (sic), en los diferentes espacios de la vida nacional y así como (sic) la asignación de recursos económicos para su financiación en el presupuesto nacional.”

Entonces, Santos, ni corto ni perezoso, convidó a manteles para el viernes 27 a las cabezas visibles de las tres centrales. Por la CUT estuvieron en el ágape el presidente, Tarsicio Mora, el secretario general, Domingo Tovar, y Francisco Maltés, director del Departamento de Comunicaciones, Publicaciones y Propaganda. Al final del convite con inocultable fruición el vicepresidente de la República y el presidente de la CUT atendieron a los medios de comunicación. Este último señaló ladinamente: “Sobre el tema de los parafiscales ha dado un mensaje de tranquilidad el gobierno diciéndole que no se van a tocar los parafiscales que por el contrario conjuntamente con las Cajas de Compensación y con el empresariado están buscando una dinámica para resolver el problema del empleo.” Que “el gobierno ha manifestado la voluntad de estudiar una partida económica que contribuya a la formación, educación, tanto del movimiento sindical, como del empresariado para construir y volver otra vez a que el sindicalismo haga parte de la democracia y la institucionalidad”, y que “notamos un ambiente diferente, un presidente y unos ministros dispuestos a escuchar. Recordar esa noche negra que pasamos estos ocho años y esperamos que vuelva a brillar el sol.”

Más adelante, en declaraciones concedidas al diario La República, Mora manifestó que “el Gobierno se comprometió a establecer un diálogo directo, a garantizar que los proyectos de ley sean discutidos con las centrales obreras, a que se garantice una partida del Presupuesto Nacional para el fortalecimiento y desarrollo del movimiento sindical colombiano y que sean citadas las organizaciones de derechos humanos, en compañía del vicepresidente para garantizar que se respete el ejercicio de la actividad sindical (…) Hasta ahora hay buenas intenciones, esperamos que haya un giro claro y preciso. El próximo martes a las dos de la tarde se instalará una mesa de concertación con el sector empleador así como el Gobierno y los trabajadores. Aspiramos a que el Gobierno nos garantice un cambio profundo en la situación actual.”

De tal manera que del “pliego de exigencias” quedaron los dos “compromisos” que realmente interesaban: una mesa de concertación con el Ejecutivo para charlar, entre muchos temas, de los proyectos de ley llevados y por llevar al parlamento santista, y la promesa de destinar a los sindicatos un rubro en la ley de rentas y gastos, es decir, la concesión del soborno que taimadamente pidieron los jefes de la CUT en el último punto de su “pliego de exigencias”.

Ya durante el trámite de la reforma laboral de Uribe, presentada en los primeros días de su gobierno, las centrales también pidieron concertar el proyecto de ley, cabildeo del que resultó la inclusión en la ley 789 de una “cláusula social de rescisión”, nombre pomposo con el que se quería significar que si por algún azar del destino a la vuelta de dos años el noble “propósito” del gobierno de crear empleo no llegaba a concretarse, entonces las cosas volverían a su estado inicial, mediante la derogación al alimón entre Ejecutivo y Legislativo de la ley que ellos mismos habían expedido[1] . El epilogo de esa historia es archiconocido: los trabajadores fueron despojados de varios derechos clave; los sindicalistas hicieron su pose de “oposición” y “preocupación” pero no instaron a los afectados a insubordinarse. Pasados tres años interpusieron la respectiva demanda ante la Corte Constitucional, la cual les contestó en reiteradas ocasiones que la objeción no procedía, que la enmienda laboral de Uribe Vélez era exequible, que ni la letra ni el espíritu de la Carta habían sido vulnerados.

En cuanto al aludido soborno, se nos dirá que ello no se trata de una dádiva sino de un derecho; empero, ya vimos cómo uno de los connotados ideólogos de las corrientes en auge en el sindicalismo, el radical senador Robledo, recientemente nos instruyó sobre su singular manera de actuar frente a los derechos: para ejercerlos se debe claudicar; pues a cambio de que al Polo se le entregara el más bajo cargo en la mesa directiva de la Cámara Baja, él y su bancada votaron prestos por la ralea “parauribista” que preside el Parlamento.

Lo cierto es que ya sea por efecto de los prometidos fondos presupuestales o por un sincero arrobo del señor Mora, que no hay que descartarlo, los recelos expresados en la carta de la central desaparecieron y se tornaron en rendido reconocimiento a las ‘buenas intenciones’ del régimen encabezado por los escamoteadores de las transferencias para salud y educación; en la esperanza de ‘giros claros y precisos’, en aspiraciones a ‘cambios profundos’, todo por obra y gracia del gobierno continuista; en el anhelo de que la “noche negra” del uribismo dé paso al sol brillante del santismo.

Con razón Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, alineado de frente con la Unidad Nacional, sacándose el clavo por algunos maltratos que le han inferido sus conmilitones, le declaró socarronamente a La República: “A mí lo que me sorprendió fue que otros voceros estaban muy contentos con el doctor Juan Manuel Santos, a pesar de haber dicho que era la continuidad de Uribe (...) Hay una actitud muy positiva con los compañeros de otras centrales obreras y a mí me parece que las soluciones están por ese lado.”

Por su parte, el servicio de información de la presidencia detalló las declaraciones del vicepresidente, Angelino Garzón, el maestro de sus alumnos: “Vamos a consolidar la mesa interinstitucional que tenga que ver con la lucha contra la impunidad, que tenga que ver con la defensa de la actividad social, de la actividad empresarial, y que tenga que ver con mecanismos que nos permitan parar esta locura, que todavía se presenta en nuestro país, del asesinato de sindicalistas o defensores de Derechos Humanos.” Y esto dicho por quien recién elegido afirmó: “Cada día que se dilata la aprobación del Tratado de Libre Comercio es un hecho negativo para la población colombiana, negativo para la democracia colombiana y desafortunadamente un triunfo de los grupos armados ilegales”; “locura” con la que estigmatizaba y ponía bajo amenaza a miles de colombianos opuestos al oprobioso acuerdo comercial con la Superpotencia.
“Explicó que adicionalmente el Gobierno estudiará la propuesta que presentaron las organizaciones sindicales, para buscar una partida presupuestal que se emplee, a partir del próximo año (….) relacionada con el fomento del diálogo social, de mecanismos de concertación, mecanismos de defensa de la actividad empresarial, y de mecanismos para construir unas relaciones más fraternas entre empresarios, trabajadores y Gobierno”[2] . Semejante veneno lo viene instilando el señor Garzón desde las deliberaciones de la Constituyente de 1991, a la que llegó ungido por los votos del M-19. Entre otras nobles misiones por el estilo, orientadas a la ‘defensa de la actividad empresarial’, allí planteó que su propósito era el de contribuir a que obreros y empresarios no se vieran más como enemigos, a que dejaran “de hacer de las diferencias sociales y de intereses algo totalmente antagónico”, y que más bien los proletarios se dedicaran a velar por la productividad, la seguridad industrial, la eficiencia y los mercados; que debían abandonar el egoísmo y la radicalidad causantes del antagonismo social; que se consagraran a impulsar el diálogo y la concertación “que por muchos años nos ha enseñado la OIT”, en lugar de promover huelgas que desestabilizan la vida democrática[3] .

Acerca de los TLC les espetó a los abrumados visitantes de Palacio que el Gobierno tiene “una política, la dijimos en la campaña electoral, es eje fundamental de nuestra actividad, que es procurar la firma de acuerdos comerciales con el mayor número de países del mundo.” Y añadió, para endulzar, que “el Ejecutivo busca que estos acuerdos cuenten con cláusulas que garanticen el respeto por los derechos humanos, laborales y ambientales”, y que “se ha propuesto que en el caso de tratados ya firmados, como el de Canadá, se conforme una comisión en donde participen los gobiernos de las dos naciones, así como empresarios y trabajadores de Colombia y Canadá, para que se realice el seguimiento al cumplimiento de estas cláusulas.” Música celestial, la hoja de parra precisa. Recuérdese que desde hace años, con más o menos disimulos, las centrales sindicales se han venido acomodando a los ucases del libre comercio. Por ejemplo, en 2004, suscribieron con la confederación estadounidense AFL-CIO una declaración en la que se le daba el paso, no al TLC, sino a la “integración” económica con el país del Norte, a cambio de “medidas compensatorias” laborales, ambientales, etc., no sin dejar de impetrar asistencia técnica y sobre todo financiera, para aplicar los derechos laborales[4] . Y tampoco olvidemos que los sindicalistas y sus mentores viven perorando que la negativa gringa a ratificar el tratado obedece a su magnánima preocupación por los derechos de los humanos colombianos.

El vicepresidente también les comentó a los medios que la disposición de su jefe era la de que las diferencias no llevarán a romper el diálogo ni a suspenderlo, ya que “queremos que así como podemos construir acuerdos, también administremos disensos.” Pues nada mejor, porque esa era la sentida petición de la CUT: concertación, diálogo, “interlocución” ad infinitum. Y ya que el presidente ofreció respeto por las decisiones de los sindicatos frente a temas como el TLC, no vendría mal, de vez en cuando, abandonar respetuosamente las poltronas del redivivo pacto social para hacer una marcha, comedida y ordenada, pero convocada como el enésimo paro cívico nacional, a fin de completar todos los actos de la comedia.
Para concluir, Garzón dijo que el Gobierno continuará protegiendo el pago de los parafiscales, en concordancia con lo propuesto a los colombianos por el Presidente en la campaña; siendo que ya cursan en el Congreso los proyectos de ley que los hieren de muerte.

Esto es lo que la seudo izquierda llama una táctica inteligente que consiste en una descarada contemporización con el santismo; que siembra ilusiones en un régimen que se avizora oprobioso. La unidad que pregonan la dirección de la CUT y del Polo se funda no en un programa unitario que contemple las reivindicaciones democráticas más sentidas de la nación y de las clases populares y medias y en unas tácticas sistemáticas y perseverantes de lucha para alcanzarlas, sino en unas complacencias impúdicas con los portavoces del régimen y con los más descarados traidores. Estos paniaguados consideran que exigir que se inscriba como el primero entre los primeros puntos de la unidad de los asalariados el de combatir sin cuartel la totalidad del plan de gobierno de la Unidad Nacional y a sus principales cabezas es plantear disyuntivas radicales de “todo o nada” de “patria o muerte”. Una táctica consecuente impone desenmascarar y aislar a los desertores abiertos y velados de la causa del obrerismo, a fin de allanarle el camino al alzamiento de estos contra sus opresores. Notas Obreras aportará su grano de arena a este enjundioso propósito.

[1] En efecto, las centrales exhibieron como sin igual logro que los habilidosos congresistas con el beneplácito de Uribe introdujeran en el artículo 46 de la ley 789 el siguiente parágrafo: “Transcurridos dos años de la vigencia de la presente Ley, la Comisión de Seguimiento y Verificación aquí establecida presentará una completa evaluación de sus resultados. En ese momento el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo.”

[2] La emisora radial RCN presentó informó que el vicepresidente había subrayado lo siguiente: “El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, acordaron que se dará una partida dentro del Presupuesto Nacional relativa al fomento del diálogo social de mecanismos de concertación, de defensa dela actividad sindical, de la defensa de la actividad empresarial, para que se den relaciones más fraternas entre empresarios, trabajadores y sindicalistas, iniciativa que presentó las centrales sindicales y el Gobierno vio positivamente y el Ministro de Hacienda mirará el monto de la partida.”

[3] Gaceta Constitucional n° 11, Exposición de motivos al Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia n° 16, 17 de febrero de 1991, pág. 10. Citado en Carta al Comité Ejecutivo Central del MOIR….

[4] Del movimiento sindical colombo-americano ante el tratado de libre comercio Estados Unidos-Colombia,
Cartagena D.T., 18 de mayo de 2004