Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Memorial de agravios de los trabajadores de la floricultura

En carta dirigida al ministro Diego Palacio, Aidé Silva, presidenta de Untraflores, resumió los principales reclamos de quienes laboran en las distintas plantaciones.

Carta abierta al ministro de la Protección Social, Diego Palacio

 

Memorial de agravios de los trabajadores de la floricultura

Doctor
Diego Palacio Betancourt
Ministro de la Protección Social
E.    S.    D.

Señor ministro:

Cansados de soportar tanto oprobio de los empresarios de las flores y de la complacencia del Ministerio a su cargo con ellos, nos dirigimos a usted a fin de que, de una vez por todas, responda por tanta iniquidad.

La situación de los 100 mil obreros del sector, mujeres principalmente, es calamitosa. La creciente intensidad del trabajo se ha convertido en una verdadera tortura, a tal punto que son los más afectados por el síndrome del túnel del carpo, la enfermedad profesional de mayor incidencia en Colombia. Los pagos, en general, no sobrepasan el mínimo legal, y cunden las artimañas mediante las cuales ni siquiera éste se cumple. La subcontratación y el empleo temporal, legales e ilegales, se tornan aceleradamente en las formas por excelencia de vinculación a los cultivos; las humillaciones y los maltratos rememoran épocas superadas de la historia humana; y el atropello a la libertad sindical, mediante los métodos más perversos, ha generado un verdadero clima de terror. Desde hace años reposan en los anaqueles de las oficinas del Ministerio denuncias que dan cuenta de todo esto, de las que se dice que hay en curso “rigurosas investigaciones”, que nunca conducen a nada.

Para ilustrar hasta donde ha llegado la negación de toda garantía basta decir que Untraflores, sindicato de industria fundado en mayo de 2001, se ha abanderado de un programa tan elemental que, en nada se diferencia de las exigencias que elevaban los obreros un siglo atrás y que desde hace marras son letra muerta en la legislación laboral del país:

  • respeto al derecho de libre asociación sindical
  • derecho a negociar pliegos de peticiones
  • estabilidad laboral
  • mejoras salariales y prestacionales progresivas
  • freno a la sobrecarga laboral y a las humillaciones.
A tan mínimas peticiones los empresarios han contestado con una radical intransigencia, que arranca desde la difusión de la especie de que “los sindicatos acaban las empresas”, repetida a diario por gerentes y capataces, y llega hasta la bajeza de someter a sencillos operarios a pruebas ilegales de polígrafo, para determinar si están incursos en el “delito” de pensar en sindicalizarse.

Empero, lo más vergonzoso es que todo esto se haga a ciencia y paciencia del Ministerio que usted preside, cuya complicidad con estas aberraciones ha llegado a límites extravagantes.

La burla a la libertad sindical


Comencemos por el derecho de asociación. Cuando los obreros, hastiados de atropellos, logran reunirse, en medio de la noche y a hurtadillas, en el número que la ley exige para conformar un sindicato, sus verdaderos problemas apenas están por comenzar. Al día siguiente, habrán de ingeniárselas para que las actas que dan fe del nacimiento de la organización le lleguen al “empleador”, quien ha ordenado perentoriamente que nadie reciba tal documentación de los operarios o que, de ser posible, con cualquier triquiñuela, los empleados administrativos se queden con copias y originales para que no quede constancia de haber sido notificados de la constitución del sindicato, y proceder a botar a todos los participantes sin dejar huella del motivo real de esa decisión. Son muchos los que ni siquiera logran reunirse por una única vez, puesto que si la información llega a oídos de la empresa, ésta despide a todos aquellos comprometidos o bajo la sospecha de estarlo, en el intento de organizarse.

Si, por suerte, el empresario logra ser notificado y queda de ello alguna constancia que permita hacer valer los fueros de los fundadores, es cuando viene el verdadero viacrucis: el trámite de obtención del registro ante el Ministerio de la Protección Social, requisito absurdo sin el cual los sindicatos no pueden ejercer válidamente ninguna función.

Dos causales “únicamente” señala la ley para negar la inscripción de un sindicato en el registro: que lo funden menos de 25 personas y que los estatutos sean contrarios a la Constitución y a la Ley. Sencillo, en apariencia, pero en realidad fuente misma de la negación del derecho a través de toda clase de obstáculos inauditos.

El respectivo Inspector del Trabajo inicia su letanía de objeciones: que la junta directiva no fue elegida por votación secreta, universal, directa, en papeleta escrita y ateniéndose al cociente electoral, señal inequívoca de que el sindicato es un engendro antidemocrático y violatorio del estado social de derecho. Recalca también que éste o aquel literal de los estatutos violó sentencias recientes de alguna de las altas Cortes. Hasta la simple función de designar la comisión de reclamos no puede disponerse llana-mente en los estatutos y se convierte en causa grave para negar el registro. Y ¡ay! de que los estatutos no le hayan asignado con todo detalle funciones a cada directivo, esto también es causal para negar “de plano”, porque el Estado de derecho repugna que haya dignidades sin una runfla de funciones específicas.

Con esa clase de ardides se descalifica cualquier numeral o literal de los estatutos, el que antojadizamente escoja el funcionario de turno, así ellos hayan sido copiados de otros reglamentos que el Ministerio había sancionado para otra organización similar.

Otro tanto sucede con el acta de la asamblea de fundación. Si se recogen las firmas de los fundadores en una hoja anexa y el relato de lo sucedido en ella sólo lo firman el presidente y el secretario, el inspector ve en ello prueba irrefutable de que nunca se llevó a cabo la asamblea o argumentará que el listado de asistentes, a pesar de ir con firma y cédula, simplemente es un “documental anexo al acta… pero no parte integrante del acta de fundación”, por lo que la “supuesta asamblea” nunca se realizó y por lo tanto “no procede” conceder el registro.

Así mismo se exige que conste en cada hoja la fecha, los nombres de la compañía y el del sindicato. A más no poder, sus funcionarios, señor ministro, encargados de obstaculizar el ejercicio del derecho, sostienen que es inconcebible que en las diversas votaciones figure un número distinto de votantes.

Si se transcribe en el acta que uno de los propósitos por los que se funda la organización es buscar la estabilidad en el empleo, esto es causa de negativa rotunda, porque usted, señor ministro, decidió, motu proprio, instituir ésa como nueva causal de negativa. Si a la asamblea en la cual se consideran las objeciones del inspector y se aprueban las correcciones exigidas no asisten todos los fundadores, aunque acudan cientos de adherentes, queda sin demostrar la “voluntad” de crear el sindicato, por lo tanto se niega la inscripción. Superada esta tortuosa primera instancia, en la segunda, se encuentran nuevas y nuevas razones para rechazar el registro.

Mientras que el Ministerio somete a los aguerridos fundadores a tan extenuantes trámites, los empresarios despliegan una campaña de presiones, amenazas y chantajes para obligar a algunos de ellos a negar haber participado en su formación, y trata de forzarlos a todos a desertar. En Facatativá, recientemente, la inspectora de Trabajo le negó el registro al sindicato de Agrícola Papagayo aduciendo que carecía del número de participantes exigido, a pesar de que la firmante de un documento en el que negaba haber participado en la fundación declaró ante la funcionaria que lo hizo mediante engaños y amenazas de la jefe de personal de la compañía y que, en efecto, sí había concurrido a dicha fundación. La inspectora hace la vista gorda ante la evidencia de un delito contra el derecho de asociación cometido por una directiva empresarial, y se ensaña contra los trabajadores. Es usual en las oficinas de Trabajo que el testimonio del afiliado se use contra el sindicato si aquel, ante preguntas malintencionadas, no recuerda cada detalle de los incluidos en el acta de fundación, por ejemplo, los nombres de todos los integrantes de la junta directiva.

¡Qué rigurosidad frente a los trabajadores y cuánta laxitud ante las gerencias! No son pocas las plantaciones en las que los vigilantes tienen orden de no recibir ni los oficios del propio Ministerio y éste ni siquiera se atreve a hacer un leve llamado de atención por semejante conducta antisocial, como tampoco lo hace por la inasistencia de los empresarios a sus citaciones, ni por ninguna otra conducta similar. Pero, en cambio, qué presteza para ponerse del lado de las compañías cuando estas querellan contra el sindicato en formación, qué agilidad para proferir que mientras aquel no esté inscrito no tiene derecho a actuar en descargos, ni a hacer reclamaciones, ni a tramitar querellas, ya que la dichosa personería jurídica con la que nace es “relativa”. Mucho menos tendrá derecho a presentar pliegos de peticiones, aunque estos, por ley, puedan ser válidamente planteados incluso por grupos de trabajadores no sindicados.

En fin, se ha convertido en norma obtener el registro solamente cuando las empresas no objetan, de manera abierta o soterrada. Pero de resto, acceder a ese “privilegio”, solo se alcanza luego de campañas ingentes de protesta, de meses y años de lucha, del levantamiento de verdaderos clamores, sobre todo en el exterior, para que cese la arbitrariedad oficial. Cuando por fin, fruto de la incansable campaña, el Ministerio no tiene otra salida que la de registrar el sindicato, los floricultores ya han logrado diezmarlo por medio de las intimidaciones, los despidos, la discriminación, la reducción de los beneficios salariales y laborales, la suscripción de pactos colectivos. Muchas veces, casi simultáneamente con el logro del registro, las compañías inician ante los juzgados laborales la respectiva demanda de cancelación del mismo, con el alegato de que ya el número de miembros está por debajo del prescrito en la ley.

Ahora bien, el derecho a sindicalizarse tiene sentido en relación con el de la negociación colectiva; el primero es el medio para ejercer el segundo. Pero la obtención del registro tampoco es garantía de contratación colectiva para un sindicato independiente, debido al hecho aberrante e ilegal de que las empresas deciden constituir comités o subdirectivas “sindicales” obedientes, básicamente de Sinaltraflor, apéndice de Asocolflores. Realidad que no es desconocida por usted, señor ministro, ya que éste sindicato es la columna vertebral de Utracun, federación con la que el gobierno está impulsando, sin empacho, la construcción de una nueva central obrera.
Con este sistema, para traer a colación un solo caso, en Splendor Flowers, subsidiaria de la multinacional Dole Food, en el plazo inconcebible de menos de dos semanas se conformó el sindicato de la gerencia, se hicieron las afiliaciones, se realizaron varias asambleas, se elaboró, aprobó, presentó y negoció un pliego de peticiones, y se firmó y depositó ante el Ministerio la convención colectiva. Esto se impuso para contrarrestar la fundación de Sintrasplendor, que tuvo que batallar 10 meses para obtener el registro, pero al que se le burlaron sus prerrogativas, ya que legalización no le sirvió para negociar las condiciones de trabajo y de pago porque la Dole y Sinaltraflor convirtieron, sin cambiarle una coma, el antiguo pacto colectivo en convención, con vigencia de dos años. Tan descarada injerencia patronal, vetada expresamente por el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado por Colombia desde 1976, no le merece al Ministerio nada distinto que el silencio cómplice, a pesar de las sucesivas denuncias de Untraflores y Sintrasplendor.

Y si como caso excepcional, se logra llegar a la negociación de un petitorio (Sintrasplendor sólo pudo hacerlo casi tres años después de fundado), las empresas exigen censos que manipulan a través, por ejemplo, del manejo de las cuotas sindicales, cuyo descuento por nómina el Ministerio lo ha convertido en requisito sine qua non para establecer la pertenencia al sindicato, a pesar de que dicho requisito no conste en ninguna norma y sea francamente violatorio de la autonomía sindical.

Cuando ya es inevitable negociar con el sindicato autónomo, la empresa complota para que el sindicato subordinado exija una mesa aparte, lo que convierte la negociación en una mera mascarada que obliga a aceptar las imposiciones gerenciales o a llevar el conflicto a un tribunal de arbitramento. Entonces, el Ministerio dilata indefinidamente la convocatoria del mismo, de tal manera que los afiliados a la organización patronalista reciben durante más de un año un aumento, que aunque mísero, constituye una ventaja sobre quienes, animados por el deseo de ejercer sus derechos, se ven forzados a esperar que el laudo arbitral. Esto le concede a la compañía más tiempo para que finiquite la labor depredadora contra la organización libre. Así ha sucedido en Splendor Flowers y lleva el mismo rumbo en Flores La Fragancia, también propiedad de la citada multinacional. En Flores Cóndor, se llegó al extremo macondiano de que la resolución que convocaba el tribunal se expidió diez meses después de solicitada y al tiempo con el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que ordenó disolver el sindicato y cancelar su inscripción en el registro.

La suerte de los trabajadores de Benilda y de C.I. Pardo Carrizosa Navas ha sido similar. En esta última los obreros debieron conformar cinco sindicatos para que, al fin, uno les fuera registrado. ¡Tuvieron que pasar dos años! Y en Benilda, donde nació Untraflores, el mismo propietario recorrió la finca del brazo del presidente de Fetraboc, Ernesto Medina, poniendo a los operarios a escoger entre el sindicato “de la empresa” o Untraflores, que ha sido perseguido sin tregua durante siete años. Todo esto, señor ministro, es conocido por ustedes.
Así, a sus anchas, los empresarios ejercen el verdadero derecho colectivo laboral de la actualidad: abolir la libertad de asociación. Cuentan con el Ministerio como su garante incondicional. ¡Y luego peroran sobre los bajos niveles de sindicalización!

Escapa a toda lógica pensar siquiera que ese cúmulo de procederes contra la libertad sindical, adelantados de manera tan calculada y sistemática por el Ministerio, pueda ser fruto de conductas aisladas, o del parecer de cada funcionario, y no de una política definida a rajatabla y que, obviamente, no puede tener origen distinto al de la propia cabeza de la entidad.

Y si todo esto sucede contra el actuar colectivo de los asalariados, qué no podrá decirse de la absoluta indefensión del obrero que se arriesga a acudir a las oficinas del trabajo para pedir que se castigue alguna de las tantas violaciones a sus derechos.

Atrocidades con la salud


¿Cuál ha sido la actitud del Ministerio frente al alarmante incremento de las enfermedades profesionales en el sector? Tomemos el caso del síndrome del túnel del carpo, STC, verdadera pandemia que no se refleja, ni de lejos, en las estadísticas oficiales y que, debido a su carácter irreversible, incapacita a toda una generación de obreros floristas, agobiados por agudos dolores en sus miembros superiores y por la pérdida total del control sobre los movimientos de las manos, hasta el punto de no poder sostener con seguridad ningún objeto.

El propio Ministerio dice que la expansión del mal “hace pensar que los factores de riesgo (…) involucran el incremento de la carga física de trabajo que afecta específicamente a miembro superior” (sic). No obstante, las estadísticas oficiales son de una pobreza lamentable. En 2006, dice el Ministerio, el total de diagnósticos de enfermedades profesionales ascendió a 3.000, de los cuales el del STC, incluidos operarios de muchas otras actividades, fue del 32%, es decir, 960 casos, con lo que los de la floricultura se reducirían a unos cuantos; esa cifra luce ridícula. Basta pedir en cualquier reunión de floristeros que alcen la mano quienes estén afectados del espantoso mal para observar, con desazón, que la mayoría de los asistentes responde positivamente.

¿Qué acciones ha emprendido el Ministerio frente a esta alarmante situación? En 2005, realizó una apocada campaña con el lema: “No se le vaya la mano”, la cual, aparte de unas pocas cuñas radiales, otras menos de televisión y unos cuantos cartelitos, pasó completamente desapercibida y, lo peor, no fue acompañada de ninguna directriz tendiente a combatir las causas del problema. El resultado no podía ser peor, el propio Ministerio, en 2007, reconoció la acelerada expansión de la dolencia.

Pero no se trata únicamente de falta de iniciativas sino de desidia y complicidad estatal. Untraflores ha querellado en varias oportunidades en contra de la aplicación de métodos de trabajo que hacen proliferar el mal, como la llamada producción en línea que, en esencia, consiste en concentrar durante largas temporadas en una misma labor repetitiva a gran cantidad de trabajadores; o las presiones sobre el personal para que realice en las épocas de picos productivos largas jornadas de suplementarias. Si el Ministerio excepcionalmente se pronuncia, lo hace para decir que no cuenta con los suficientes inspectores capacitados para hacer las verificaciones del caso.

Peor aún, aunque esta enfermedad termina con la vida laboral del obrero no calificado, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, encargadas de dictaminar los grados de incapacidad laboral, y, en concordancia con ello, hacerse cargo de la indemnización o pensión correspondiente, se liberan de su responsabilidad negando el origen laboral de la enfermedad o achacándoselo a las labores domésticas, o a ciertas condiciones individuales como alteraciones del metabolismo, hipotiroidismo, obesidad, etcétera., Así contribuyen a amasar las fortunas de sus bancos matrices. Pero si reconocen el carácter profesional de la dolencia, califican la pérdida de capacidad si mucho con 10%, con lo que el trabajador recibe una miserable indemnización, y la condena a una vida de padecimientos, sin la posibilidad de encontrar ocupación y sin aunque sea la garantía de una mesada que le permita escapar del hambre y la miseria. Lo retamos, señor ministro, a que nos muestre aunque sea una sola investigación que su oficina haya emprendido por este motivo contra cualquiera de estos traficantes de la salud.

No es el STC el único mal derivado de la faena productiva, muchos padecen también de los otros que, como lo dice el estudio de la Universidad Javeriana[1], tienen como uno de sus orígenes principales los “movimientos repetitivos de miembros superiores” y que se han agudizado, agregamos nosotros, por el “incremento de la carga física de trabajo”, entre ellos, la epicondilitis, el síndrome de manguito rotador y la enfermedad de De Quervain, a lo que hay que sumarle que muchos también sufren de la columna vertebral que, con las anteriores, según la misma fuente, suman más del 82% de todos los diagnósticos de enfermedades profesionales en Colombia. No pocos están aquejados de varias de estas calamidades, en vista de que están expuestos a varios factores de riesgo. Para decirlo gráficamente, los asalariados de la floricultura son un microcosmos de la enfermedad profesional en nuestro país.

Señor ministro, nosotros y algunas ONG hemos denunciado con persistencia la agudización de los problemas de salud en la floricultura a causa de la sobrecarga laboral, tanto por la intensificación del trabajo como por la extensión arbitraria de la jornada; sin embargo, usted se ha mantenido completamente insensible. Lo conminamos a que nos informe cuántas campañas y en cuáles empresas de flores las ha llevado a cabo, para fomentar al menos un leve alivio a semejante drama.

¿Ha obligado a alguna compañía a poner en práctica “programas de rotación buscando disminuir tiempos de exposición así como programas de pausas activas que busquen el control de los desórdenes musculo-esqueléticos” con el fin de “disminuir el tiempo de exposición limitando la repetitividad y las secuencias de movimiento”? ¿A cuántas y a cuáles firmas les ha exigido establecer el concepto de “pausas activas” que incluyan “cambios de actividad, utilización correcta de los tiempos de descanso, realización de ejercicios de estiramiento y relajación, entre otros”? Sin temor a equivocarnos, podemos contestar negativamente a estos interrogantes. ¿Seguirá usted permitiendo esta masacre laboral que se escenifica bajo los invernaderos que cubren las 7.000 hectáreas dedicadas a la floricultura de corte? Mucho nos tememos que sí.

Otro aspecto que tiene que ver con el desconocimiento impune de las disposiciones atinentes a la seguridad social, es el atraso sistemático en el pago de los aportes correspondientes a salud, riesgos profesionales, contribuciones parafiscales y pensiones. El caso de éstas es más difícil de detectar por el afiliado, como lo demostró el caso de Flores de la Sabana, uno de los mayores plantíos, en el cual se abonaban unos meses sí y otros no, de forma que a los operarios les fueron birlados varios años de cotización, llegando incluso a frustrar el derecho a la pensión a muchos de ellos, cuando la compañía se liquidó. Untraflores ha sido incansable en estas denuncias.

El impago de los parafiscales deja a miles de trabajadores sin los mínimos servicios que les prestan las cajas de compensación, tales como el subsidio de vivienda y el familiar que es, ni más ni menos, parte del salario.
Señor ministro, todas estos aspectos están relacionados con su Cartera. Las Superintendencias que deben velar por su cumplimiento dependen de usted; sin embargo, no conocemos de investigaciones y mucho menos de sanciones por el apañamiento de los dineros de la seguridad social por los floricultores, una conducta abiertamente delictiva.

¿Acaso la Superintendencia de Salud, entidad bajo su dirección, ha obligado a las EPS a prestar el servicio de salud a los afiliados y beneficiarios cuando las empresas dejan de hacer los pagos? ¿Qué récord de sanciones administrativas hay al respecto, ya que en las Inspecciones de Trabajo las querellas sobre esto son el pan de cada día? Lo que sucede es que se ha pactado, al menos tácitamente, entre floricultores y EPS, que los primeros no hacen la cotización y las segundas simplemente no prestan el servicio. Señor ministro, ¿cuándo moverá usted un dedo frente a semejante atropello contra los trabajadores y sus beneficiarios, quienes tienen que soportar la carencia de atención médica mientras, quincena tras quincena, encuentran en los volantes de pago el abultado descuento por una prestación que no reciben?

A ojos vistas del Ministerio, el contrato temporal se ha convertido en la forma permanente de vinculación a los cultivos; una violación flagrante de los artículos 77 y subsiguientes del Código Sustantivo de Trabajo, que establecen que estos contratos sólo pueden firmarse para casos muy específicos y por no más de un año. Es sabido que hay empresas florícolas, que se cuentan entre las más grandes del país, en las que el 100% de la nómina está subcontratada por temporales o por medio de las tristemente célebres Cooperativas de Trabajo Asociado.

¿No le ha llamado a usted la atención, señor ministro, que una compañía como C.I. Flores Ipanema, que no puede ser desconocida en el Ministerio, ya que es una plantación gigantesca, que hace parte de las pocas firmas del sector que se ubican entre las 1.000 más grandes de Colombia (recientemente apareció en la clasificación de la revista semana en el puesto 595), no tenga sino un número ridículo de empleados, cuando la floricultura es la agroindustria que más personas ocupa por hectárea, alrededor de 15? Lo instamos a que investigue este caso y el de Fantasy Flowers, propiedad de uno de los potentados de las flores, y encontrará que allí sucede lo mismo; y a que se ocupe también de las fincas del señor Rafael de Ureña, uno de los encopetados miembros de la junta directiva de Asocolflores quien, con su equipo de gerencia, crea las cooperativas con las que contrata a casi todo el personal en sus diferentes plantíos.

Con estos sistemas de contratación se golpea la estabilidad y el derecho a sindicalizarse; además, se incumple con los mínimos legales ya que no es un secreto la forma inescrupulosa como empresas temporales, cooperativas o contratistas individuales, incumplen sus obligaciones legales, lo que fuerza a los operarios a costear la atención médica propia y las de sus beneficiarios, a perder, a veces totalmente, la cotización al sistema de pensiones o a no recibir nunca subsidio familiar.

Capítulo aparte merecen algunos otros de los estropicios de los patrones: las intoxicaciones masivas por el uso irracional de agroquímicos, la utilización de productos prohibidos y el reingreso a las áreas asperjadas antes de cumplirse los tiempos aconsejados, incluso, la fumigación con los trabajadores dentro de las áreas; los accidentes constantes de los buses que prestan el servicio de transporte, buena parte de ellos dizque chatarrizados en Bogotá, lo que les ha costado la vida a varios operarios; o la abusiva utilización de los Fondos de Empleados como caja menor de las gerencias. ¡Cuántas quejas no hemos puesto sobre esto, y el Ministerio impávido!
¿Puede usted, señor ministro, después de todo lo dicho, sostener que el gobierno del que hace parte respeta los derechos de los trabajadores o que hay una mejoría notable al respecto?

¿Seguirá el gobierno burlándose de vastos sectores de la comunidad internacional que crecientemente expresan su indignación ante estos hechos y, con el mayor desenfado, cabildeando para la aprobación de políticas y tratados de la mano de los empresarios, haciendo alarde de un supuesto cumplimiento de las leyes laborales tanto internas como internacionales?

Y que el gobierno no endose la teoría de que los sindicatos quieren acabar con las empresas. Los puntos que defiende Untraflores distan mucho de tener ese propósito. Aún más, si alguien está atentando contra aquellas es el propio gobierno del que es usted alto funcionario, el cual, aparte de exprimir el fisco para darles unos pesos, no toma medida alguna de verdadero influjo para contrarrestar, hasta donde sea posible, las secuelas de la situación económica internacional que afectan gravemente a los productores, entre ellos, los exportadores. Claro que para esto se requerirían medidas destinadas a proteger de veras la producción nacional, es decir, un verdadero patriotismo. Untraflores, por su parte, le ha propuesto al empresariado, públicamente y por escrito, unificar esfuerzos para exigir medidas contra la revaluación y el desempleo.

Tampoco se trata de que los “empleadores” estén maniatados por el embate de la revaluación. Falso de toda falsedad. ¿Acaso se requiere invertir un solo peso para tratar sin despotismo a los empleados? ¿Acaso es despropósito pedir mejoras, así sean progresivas, en las condiciones de vida y de trabajo? ¿Hay justicia en que se pague el mínimo o incluso menos cuando la carestía de los alimentos está sumiendo en el hambre a los obreros? ¿No tiene la subcontratación un costo adicional, correspondiente a la ganancia del intermediario? ¿Entonces, por qué no contratar a todo el personal —excepto en los picos productivos, vacaciones, licencias, etc.— en forma directa y a término indefinido? ¿Por qué lo que se destina a intermediarios no se usa para cumplir con los aportes al sistema de seguridad social? ¿No es acaso para perpetuar éste régimen de explotación y violaciones a la ley que los cultivadores persiguen con tanta virulencia la libertad de fundar sindicatos? ¿Seguirá usted cohonestando esta ignominia?

Señor ministro, queremos terminar esta comunicación invitándolo a que medite sobre algunas de las exhortaciones finales del documento del que adoptamos el título de esta comunicación, el cual fue enviado al Rey de España por el Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, en el año de 1809:
“¿No se oirán jamás las quejas del pueblo? ¿No se le dará gusto en nada? (…) ¿Si la presente catástrofe no nos hace prudentes y cautos, cuando lo seremos? ¿Cuándo el mal no tenga remedio? ¿Cuándo los pueblos cansados de opresión no quieran sufrir el yugo?”

Quedamos a la espera de su respuesta, que nos agradaría recibir personalmente en una reunión, que por éste conducto le estamos solicitando.

Atentamente,

Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, Untraflores

Aidé Silva Mateus
Presidenta

[1] Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Muscoloesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome del Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI-DME). Universidad Javeriana, Ministerio de la Protección Social, diciembre de 2006.