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Siguiendo las órdenes de los usureros, Santos se propone arrasar con las pensiones

pensionados_fpEn los últimos meses, el presidente Santos y sus Ministros de Hacienda y Trabajo han reiterado que el gobierno planea tramitar ante el Congreso, en el segundo semestre de este año, una reforma al sistema de pensiones.

Tras el objetivo de volver aún más rentable el multimillonario negocio, la cúpula oficial, los conglomerados bancarios que lo manejan y sus voceros gremiales, entre otros, la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, y los grandes medios de comunicación han armado una alharaca en contra de obreros y empleados, aduciendo que sus "prebendas" pensionales son la causa de innumerables dolencias de la sociedad. Les achacan a estos la bajísima cobertura, ya que apenas 1,3 millones de colombianos, el 26% de las personas en edad de jubilación, gozan de este beneficio; agregan los voraces especuladores que millones de personas no tienen ni la menor posibilidad de aspirar a un ingreso después de que dejen de trabajar; que cada vez hay menos gente contribuyendo y más beneficiándose; que el sistema genera elevados costos fiscales; que mediante fallos de tutela se están desmontando la Ley 100 y otras reformas; que la deuda pensional se ubica en el 161% del Producto Interno Bruto, PIB; que del presupuesto anual cerca de $24 billones, un 4,3% del PIB, cifra equivalente al total del IVA interno, se va solamente en pagar las mesadas de estos "privilegiados".

Explican que esos males surgen de las "gabelas" de los pensionistas, entre ellas: el desequilibrio entre el tiempo que se trabaja y el que sobrevive el pensionado; la diferencia de edades de retiro entre hombres y mujeres, ya que estas cotizan menos, se pensionan antes y viven más; el incremento de las mesadas de acuerdo con el alza del salario mínimo; la alta tasa de reemplazo (proporción entre la jubilación obtenida y el último sueldo de una persona), y la baja tasa de cotización (porcentaje que se aporta del sueldo); que quienes ganan el mínimo se pensionan con el 100% del salario.

Los agiotistas y sus lacayos aducen, además, que la crisis que padece Europa tiene que ver con los sistemas pensionales públicos que, alegan, son el principal problema fiscal porque sus presupuestos ya no son suficientes para cubrir los beneficios de los trabajadores. Para reforzar, traen a colación que en el mundo, en los últimos 20 años, 18 países incrementaron la edad; 57, las tasas de contribución; 28, las fórmulas de beneficios; 10, los períodos sobre los que se calcula el monto de la mesada; 14, la base de las contribuciones o los mecanismos de indexación.

Luego de semejante diagnóstico, viene la larga receta de brebajes salvadores: eliminar el régimen de prima media (el manejado por el Seguro Social) o dejar que se marchite; disminuir la tasa de reemplazo; reducir el ingreso base de liquidación (suma sobre la que se hace el cálculo pensional, que en el régimen de prima media es un porcentaje sobre el promedio del sueldo de los 10 últimos años, y en el de ahorro individual depende de los montos que consigne en su cuenta el afiliado); suprimir la pensión mínima y la obligación de que se incremente anualmente; aumentar la edad, acercándola cada vez más a la de las exequias; extender el tiempo de cotización; evitar que se siga incrementando el traslado de personas de los fondos privados al Seguro Social; eliminar definitivamente los regímenes especiales.

Plantean también establecer lo que David Bojanini, presidente del Grupo Sura, llama el "Sisben de las pensiones". Un plan para que quienes cotizan por lustros pero les quedan faltando unas pocas semanas se les haga un pago mensual de entre el 40% y el 60% del salario mínimo, o menos. Para la inmensa masa del sector informal, unos 8 millones de personas, plantean estatuir un "beneficio", equiparable al mísero estipendio que hoy reciben los inscritos en Familias en Acción. Para ello se procederá a reglamentar detalladamente los llamados Beneficios Económicos Periódicos, BEP, creados por la Ley 1328 de 2009, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, una cuenta cuyos recursos provienen por mitades del erario y de la sobretasa a las cotizaciones con una base de cálculo igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales. Al "Sisben pensional" accederán quienes hayan cultivado la "cultura del ahorro", o sea, quienes de su rebusque y a costa de privaciones sin límites, hagan fila cumplidamente cada mes ante las ventanillas de las AFP a depositar su aporte voluntario de al menos el 4% sobre el salario mínimo, es decir, lo que cancelarían si estuvieran formalmente vinculados a una empresa.

Lo que se persigue es extraerle aún más lucro a esta veta de la especulación financiera en que fueron convertidas las jubilaciones a partir de la Ley 100 de 1993. Hoy, entre seis AFP controlan el ahorro más importante de la economía nacional, los aportes de más de 10 millones de colombianos, una cifra superior a 103 billones de pesos (103 millones de millones), más del 18% del PIB, distribuidos así: Porvenir, del Grupo Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento, 28,97%; Protección, de Inversiones Suramericana, del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, 24,36%; Horizonte, del consorcio español BBVA, 15,50%; Colfondos, de Colpatria, 13,76%; ING, 12,32% —fue adquirido el año pasado por Inversiones Suramericana, lo que deja al GEA con el 37% del sector en Colombia, y en Latinoamérica con 25 millones de clientes—; y Skandia, 5,08%.

Estos oligopolios cobran el 3% por "administración" y seguros; la mayoría de los empresarios, sometidos por el capital financiero, enlistan en ellos a sus empleados, aunque la letra muerta de la ley diga que ello es de libre elección del trabajador; tienen una parte ínfima de pensionados a su cargo y se calcula, además, que bajo su sistema para obtener una pensión equivalente al salario mínimo, debe cotizarse sobre más de tres veces esta cantidad, pero como, debido a esto, la mayoría de los afiliados no alcanzan a completar el capital necesario para pensionarse aunque sea con ese mínimo, el gobierno creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, FGPM, para que no fueran las AFP con su propio capital las que respondieran por el faltante de la mesada, sino el Presupuesto Nacional y los propios afiliados —lo que llaman solidaridad— con el 1,5 % de su salario (esto es, casi el 10% de la cotización total). Sólo entre la tasa por administración y la cuota para el FGPM, los usureros le esquilman al trabajador casi el 30% de cada aporte (ver ejemplo). Se calcula también que la mayoría de las pensiones apenas rondan el 40% del salario base de cotización. Estos linces de la banca se enriquecen, además, invirtiendo en deuda pública los dineros de los cotizantes; acomodan la legislación sobre inversiones a su gusto, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo aventuras especulativas de alto riesgo a través de la figura de los multifondos. Hoy en día las AFP tienen invertidos en la Bolsa de Valores de Colombia unos 33 billones de pesos en 45 sociedades emisoras de acciones, alcanzando el 30% del portafolio de estas, es decir, pueden mangonear a muchas de las más importantes empresas del país.

Estos reyes de la codicia se atreven a erigirse dizque en adalides de las mayorías y protectores del fisco para arrasar con los derechos de los estrujados proletarios y empleados, poniendo como ejemplo a más o menos 1,2 millones de personas, de las cuales el 60% reciben menos de dos salarios mínimos al mes —a la larga una suma inferior al mínimo, si se tiene en cuenta que de ella debe pagarse la totalidad de la cotización en salud (12%) y que no se perciben las prestaciones sociales de ley de quienes aún están laborando—. Un estudio recientemente publicado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, expuso cómo frente a estas míseras mesadas, existe una minoría, que no llega a 2.000 personas, que goza de una jubilación de alrededor de $20 millones al mes, en lugar destacado los ex congresistas y ex magistrados encargados los unos de elaborar y los otros de declarar exequibles las normas dictadas por los magnates.

De lo dicho, al menos dos conclusiones saltan a la vista. La una, que el primero entre los primeros puntos de un programa de reivindicaciones democráticas de los colombianos tiene que ser nacionalizar sin indemnización la banca y, por ende, que el manejo del ahorro para las jubilaciones sea un asunto exclusivo del Estado. ¡Qué portentosas palancas de desarrollo nacional y de bienestar del pueblo serían esas fabulosas sumas hoy dedicadas sólo a la orgía especulativa!

En segundo lugar, que nada tienen los trabajadores que concertar sobre este nuevo atentado que les prepara Santos, cabeza actual del régimen oligárquico. Nada bueno les augura a las masas afectadas la política de llevar "contrapropuestas" a la famosa Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y "atender la agenda legislativa" como lo plantearon el esquirol Julio Roberto Gómez de la CGT y lo concluyó la CUT en la XLIX Junta Nacional celebrada recientemente. De nuevo, frente al vapuleo sobre las masas, el apaciguamiento de las mesas "concertadoras" y el cabildeo parlamentario. Urge, más bien, la concreción de un plan de lucha sistemático y a vasta escala, que despierte la indignación y movilice a las masas laboriosas, que convoque el apoyo de las mayorías, única táctica capaz de derrotar el designio santista.


[*]Artículo publicado en versión un poco más amplia en www.notasobraeras.net